Ya bastante se ha escrito sobre la decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Tca) de suspender diez de los 42 artículos del decreto que reglamenta la ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo (Ive). Dieciocho son finalmente los ginecólogos que impugnaron la reglamentación que, a juicio unánime del Tca, “genera un grave perjuicio a la libertad de conciencia del personal de salud, que se ve inhibido de ejercer el derecho que le concede la Constitución y garantiza la ley, obligándolos a cumplir prestaciones que violan su conciencia”. Además, el tribunal entiende que se trata de “perjuicios que afectan a la actuación moral de las personas y a la vocación a la que se han dedicado”. En el mismo texto el tribunal se justifica en la “teoría del balance y la gravedad del daño...
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