Esta semana los diputados Gerardo Núñez y Álvaro Lima entregaron al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, un documento en el que expresan preocupación por la situación. En él enumeran varios hechos de violencia perpetrados contra militantes, trabajadores y personas en situación de calle. La celeridad de la medida quizás haya conspirado contra la exhaustividad del relevamiento: la lista –que comienza en 2017– flaquea en relación con los datos que refieren a episodios ocurridos durante los gobiernos frenteamplistas. Los límites que separan la violencia a secas de la violencia política son siempre borrosos.
Las agresiones a militantes se suman a otras ocurridas en las últimas semanas, protagonizadas por desconocidos que se trasladan en autos de alta gama y, munidos de bates de béisbol, golp...
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