El sábado 22 Chile quedó bajo una suerte de estado de sitio cívico. En cada ciudad el Ejército designó un “jefe de plaza” que asumió el control del orden público junto con las otras fuerzas militares y la policía. Soldados armados a guerra, con fusil al hombro y pistola al cinto, ocuparon las escuelas y los liceos, y quien intentara hacer actos políticos en público o en privado podía sufrir penas de cárcel. Además, los militares, en coordinación con los fiscales del Ministerio Público, tenían atribuciones para allanar las sedes de los partidos políticos y cualquier otro lugar donde hubiera sospechas de actividad política ilegal. Por otra parte, los ciudadanos que no acataran las normas de excepción vigentes se exponían a ser castigados con multas y prisión.
Tales controles no se debiero...
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