Por razones obvias, la inteligencia militar multiplicó el espionaje a partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales ante la inminencia del referéndum que resolvería sobre la vigencia o la anulación de la ley de impunidad, que protegía a todos los militares y policías involucrados en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Sin embargo, la línea estratégica del espionaje “clandestino” (en la hipótesis de que tal actividad no estaba autorizada u ordenada por los ministros de Defensa Nacional de los gobiernos democráticos) miraba mucho más allá de la consulta popular. Los documentos de la “agencia” –como gustaba llamarse a sí misma– revelan planes más permanentes en el control militar de la actividad ciudadana, como si la inteligencia tomara distancia de la suert...
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