El alcance de la cercanía

Tabaré Vázquez en el ANTEL Arena.

Durante los primeros minutos, el presidente Tabaré Vázquez insistió en el concepto “gobierno de cercanía” / Foto: Fernando Pena

La rendición de cuentas que Tabaré Vázquez dio a conocer en el Antel Arena ha sido abordada, mediáticamente, por aspectos más vinculables a lo que sería una casi campaña electoral (ya recalcado por Sanguinetti y, en particular, por Pablo Mieres, quien amenazó con un juicio político –inviable dada la geografía parlamentaria– si el presidente reincide en otro “acto de contenido netamente partidario”) y por un tono que buena parte de los nacionalistas no dudaron en calificar de “soberbio”. Aunque quien aquí escribe preferiría calificarlo de “sacerdotal”.

Sin embargo, se ha escrito poco sobre los temas que abordó. También se dejaron de lado las implicancias de lo que encierra el concepto “gobierno de cercanía”, aspecto sobre el que insistió en los primeros minutos y que dista mucho de ser un mero ejercicio retórico. Si el “gobierno de cercanía” tiene que ver con una noción instrumentalista de lo político, del uso de determinadas estrategias procedentes de las ciencias sociales para solucionar problemas de interés público a modo de paliativos (como sucede en los casos de desnutrición infantil, acceso a la vivienda, seguridad, etcétera), el sujeto a quien se dirige es un sujeto que no se ubica en posición de incidir sobre lo político como proyecto que apunte a un cambio realmente sistémico. Tampoco interesa que así sea. Indudablemente, el “acercamiento” del Estado a la población es efectivo porque existe una red estable que permite movilizar el programa de acción de la política pública. Pero no pasa lo mismo cuando las personas involucradas o insertas en los problemas de interés público necesitan movilizar elementos propios, cuando necesitan mostrar su lectura de las realidades a ser atendidas. Apoyarse únicamente en la evidencia relega la posibilidad de construir políticas integrales que aborden de manera certera las condiciones de existencia de la población.1

O sea, es cierto que se descentralizó la Udelar. Es cierto que se ha invertido en la educación pública en la creación de otros centros de enseñanza y que se ha buscado combatir la deserción y la repetición. No menos cierto es que nunca ha sido con el 6 por ciento del producto bruto interno (en la enorme mayoría de las escuelas y los liceos escasean los recursos hasta para comprar jabón y papel higiénico), no menos cierto es que sigue existiendo superpoblación de grupos, no menos cierto es que el cuerpo docente recibe un permanente apriete para que el número de promovidos se ajuste a los números que pide el gobierno –y el Bid– sin que se pueda llevar a cabo una auténtica formación sobre una población castigada endémicamente por la pobreza y el analfabetismo funcional. Es cierto que se habló del plan de “consolidación fiscal” (eufemismo de ajuste) y que la carga tributaria de Uruguay es menor en comparación a otras en la región. No menos cierto es que la carga tributaria tiene más peso sobre la clase trabajadora que sobre el capital. No menos cierto es que durante la última reunión con el gobierno por la rendición de cuentas en agosto de 2018 el Pit-Cnt propuso que, para poder cumplir con una serie de políticas en educación, salud, vivienda y cuidados, se aumentara la carga tributaria a los sectores “más poderosos” por medio del impuesto a las rentas de las actividades económicas (Irae) y el impuesto al patrimonio (IP). No es menos cierto que el ministro Danilo Astori respondió que no, aduciendo que “aumentar la carga tributaria, en particular la de aquellos sectores que tienen mayor responsabilidad en el incremento de la inversión y el empleo, sería absolutamente contradictorio para lo que necesita el país”.

Con todo, y tomando en cuenta medidas que sí son dignas de celebrar (sistema de cuidados, ley integral de violencia basada en género, ley para personas trans, ley de prevención y combate de trata y explotación de personas, la negativa a la injerencia externa en el caso de Venezuela), el “gobierno de cercanía” amerita una buena revisión crítica de sus postulados, así como de aquello que decidió dejar afuera (el alcance de las medidas de pacificación social, como el decreto denominado “antipiquete”, la falta de atención descaradamente deliberada hacia el tema ambiental, la privatización del agua a través de la ley de riego, Upm), aun a riesgo de que quedemos dentro de esa entelequia que, con su reconocida diplomacia, Vázquez denominó al final de su discurso “manga de descerebrados”.

1.   Véase “La proximidad en las políticas públicas: tensiones entre el abordaje de la vulnerabilidad social y la evidencia científica”, de Jorge Chávez, Cecilia Hontou y Pablo Piquinela (Udelar), publicado en la revista Polis e Psique, 2016, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

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