La denuncia penal fue presentada el 29 de mayo ante la Fiscalía General de la Nación por el Pit Cnt, Serpaj, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, FUCVAM, la Coordinación por Palestina, BDS Uruguay, entre otras organizaciones sociales, y cuenta con el patrocinio del abogado Pablo Chargoñia. Los denunciantes acusan a Roni Kaplan, portavoz en español de las Fuerzas de Defensa de Israel, de cometer delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
Para fundamentar su petición, se apoyan en los artículos 60 y 61 del Código Penal, que establecen que mientras el autor de un delito es quien ejecuta el acto consumativo, el coautor es, entre otros, quien «coopera directamente en el período de la consumación, así como los que cooperan a la realización, sea en la faz preparatoria, sea en la faz ejecutiva», según dice el escrito presentado en Fiscalía. Además, citan el artículo 25 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) —mecanismo por el cual se persiguen los delitos mencionados y que Uruguay ratificó en 2002— que establece que la responsabilidad penal por la comisión de estos crímenes no solo es del autor material del delito sino también de los cómplices y los encubridores.
En ese sentido, los denunciantes alegan que «la historia demuestra con evidencia suficiente que estos planes de destrucción siempre se acompañan de relatos distorsionados, narrativas justificadoras, propaganda, desinformación o información sesgada» y entienden que Kaplan desde su rol en el ejército israelí «despliega voluntaria y permanentemente una conducta que la norma citada califica de criminal». «Dicho de otro modo, Roni Kaplan es penalmente responsable de crímenes internacionales de competencia de la CPI», dice el escrito, que también señala que desde el inicio de las operaciones en Gaza, «Kaplan se destacó por su rol de propagandista. Esa actividad tiene como finalidad esencial la de disfrazar, disimular, distorsionar y encubrir los graves crímenes denunciados y, de este modo, permitir que el plan de exterminio se despliegue sin oposición internacional o con una oposición neutralizada». Como evidencia, se presentan decenas de sus participaciones en medios de todo el mundo.
Los demandantes solicitan que se indague a Kaplan para determinar su responsabilidad penal por los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, y que oportunamente se solicite la formalización de la investigación. También que se indague y tome declaración a todos los funcionarios israelíes en Uruguay. Por último, solicitan que en el caso de que Benjamín Netanyahu o Yoav Galant (ex ministro de Defensa israelí, ambos acusados por la CPI) llegaran a Uruguay, se solicite «a la autoridad judicial que dicte inmediata orden de arresto con miras a la entrega a la CPI para su enjuiciamiento, de conformidad con lo que ordena la Ley 18.026».
