A la hora del desayuno, el lunes 8, las organizaciones ambientales que buscan detener la prospección sísmica de petróleo en el mar territorial uruguayo se enteraron de que el Ministerio de Ambiente (MA) había otorgado los permisos a las cuatro empresas postulantes. Las resoluciones oficiales fueron filtradas a un medio de comunicación, junto a una somera declaración del ministro Edgardo Ortuño (La Diaria, 8-XII-25). Las distintas organizaciones, algunas de ellas embarcadas en acciones judiciales para frenar esta actividad de altísimo impacto ambiental, no encontraron durante esa mañana la mentada documentación. La tuvieron que conseguir por vías extraoficiales hasta que el gobierno la subió a la web varias horas después. Cundió el silencio durante toda la semana. El viernes 12, a través de WhatsApp, el MA notificaba que «por el momento» no se iban a hacer declaraciones y se limitaba a incluir un enlace hacia un escueto resumen con las condiciones impuestas a las empresas de sísmica. El lunes siguiente, justo el día de la marcha frente a las puertas del MA y en varios puntos del interior, hubo un cambio y el ministro citó a una conferencia de prensa. El encuentro fue más bien una de esas típicas rondas para móviles de tevé, en la que Ortuño relató las mismas generalidades ya conocidas. Minutos exprés para los noticieros del mediodía en los que el ministro no se explayó sobre los recursos con los que cuenta el país para monitorear actividades de tamaña complejidad y mucho menos sobre las prometidas áreas marinas protegidas. El país vuelve así a aplicar contaminación acústica en el océano sin tener antes una planificación del uso de su espacio marino.
Este relato no hace más que confirmar el espíritu con el que el actual gobierno abordó una de las decisiones más controvertidas y menos divulgadas de la administración anterior: la entrega de bloques de la cuenca oceánica a cinco multinacionales petroleras. Todo el proceso fue encarado en sordina y sin abrir un debate genuino, más allá de las audiencias públicas obligatorias para las empresas desarrolladoras de los proyectos. Estas instancias se parecen cada vez más a un trámite inocuo, con escasa influencia sobre políticas horneadas de antemano en las más altas esferas de gobierno. Las organizaciones ambientalistas no se sintieron escuchadas y coinciden en que no fueron convocadas a ámbitos de verdadero intercambio. Los biólogos que estudian los ecosistemas marinos, y que han lanzado documentadas advertencias, comentan algo similar. Toda esa comunidad, que en el correr de los meses se ha multiplicado y –a contracorriente– logró instalar la cuestión de la anacrónica búsqueda de hidrocarburos, debió recurrir a la ley de acceso a la información pública para adentrarse en los trámites de las empresas (los datos, por lo general, aparecieron en el Observatorio Ambiental Nacional después de esas solicitudes y no antes). No fue la transparencia activa la que reinó.
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Los asuntos ambientales están llamados a ser irritantes aguijones para las administraciones progresistas. Los grandes proyectos extractivistas expresan de modo palmario las contradicciones del sistema y las presiones del gran capital sobre Estados débiles en su capacidad de control y en la planificación autónoma de largo plazo. Por eso son más incómodos para los gobiernos que dicen ser de izquierda que para aquellos que asumen sin complejos la defensa del sistema capitalista. Es cierto que las resoluciones del MA plantean mayores exigencias a las empresas de sísmica y que el gobierno hizo caso omiso de las insólitas quejas que elevaron (llegaron a poner en entredicho la obligación de tener que subir a los inspectores ambientales a bordo por cuestiones de capacidad locativa). Pero el cada vez más nutrido movimiento ambiental, con un gran componente juvenil y en buena parte asociado a las izquierdas sociales, luchaba para que el gobierno fuera en la línea de la cancelación de los contratos, como lo hizo con el proyecto Neptuno.
Cuando ya se veía que la cosa no iba por ahí, esperaban, por lo menos, que el oficialismo tuviera la delicadeza de aguardar a que la justicia civil, como una suerte de árbitro, se expidiera sobre el recurso de no innovar presentado por dos organizaciones. ¿Acaso no era una actitud parecida la que reclamaba Ortuño cuando pretendía dilatar la firma del contrato con el consorcio Aguas de Montevideo? En aquellos meses anteriores al acto electoral parecía existir una sintonía entre el Frente Amplio (FA) opositor, la academia y la sociedad civil, pero cuando la oposición se volvió oficialismo, las críticas ya fueron menos tolerables y el juego de tronos desplegó los mismos cansinos artilugios. El gobierno termina firmando las autorizaciones pocos días después de la COP30 –hubiera sido irónico concretar los avales en medio de una cumbre sobre el cambio climático–, pero con la premura necesaria como para anticiparse a un posible freno judicial.
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El resultado, a pesar de las movilizaciones de un activismo carente de los aparatos de las centrales sindicales para impulsar consultas ciudadanas, era esperable. Ya se había anunciado en respuestas oficiales, otra vez requeridas por las «molestas» organizaciones. Esas que son bien vistas cuando desgastan al adversario político, pero que se tornan insufribles cuando se recupera el palacio. La campaña de Yamandú Orsi enarboló el eslogan del «gobierno de la transparencia» y el FA desempolvó oportunamente la mística de la coalición y el movimiento. Pero es complicado cuando, desde lo alto de la torre, se termina no atendiendo el teléfono de los movimientos no alineados, los científicos críticos o el periodismo independiente.
En un plano más profundo, se confirma la falta de discusión sobre un modelo de desarrollo que presumía de diferenciarse del de la derecha política. ¿En qué ámbitos no cupulares se discutirá la intención de duplicar la superficie forestada, planteada por Alejandro Sánchez, el secretario de la Presidencia, para beneplácito de la Sociedad de Productores Forestales? ¿O discurrirá ese nuevo «diálogo nacional» apenas esbozado por Ortuño frente a un eventual hallazgo de petróleo en medio de una de las mayores sobreofertas de la historia (el análisis geopolítico de Ramón Méndez en Brecha [12-VII-25] sobre este último punto es muy ilustrativo)?
¿O podrá debatirse la coexistencia de tres proyectos de hidrógeno verde, cuando alguno de ellos incluso maneja utilizar el acuífero Guaraní? En el fragor de la administración palaciega, estos divorcios entre las cúpulas y las bases sociales no parecen desvelar, pero ya se sabe lo que provocan cuando pasan factura algún tiempo después.
