Desde 2010, cuando se dieron los primeros pasos para la creación de un programa nacional de inclusión financiera, y hasta la actualidad, cuando ya hace dos años que rige la ley madre de la reforma, la discusión sigue vigente. Desde el punto de vista del gobierno se planteó la normativa con un triple sentido: como un impulso a la bancarización y a la reforma del sistema de pagos –rezagado en el uso de medios electrónicos en comparación con la región–; como una herramienta fiscalizadora; y sobre todo como un instrumento de acceso, con vocación universalista, a los instrumentos financieros hasta entonces restringidos al sector de ingresos más altos de la población. Esos objetivos se vienen cumpliendo en buena manera gracias a medidas como el cobro de salarios, jubilaciones y otras prestacione...
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