Sebastián Marset Cabrera estaba detenido en Dubái (Emiratos Árabes) por falsificación de un pasaporte paraguayo. Para mejorar su situación procesal, su defensa gestionó su pasaporte ante las autoridades diplomáticas de Uruguay en el emirato. La gestión fue un éxito: Marset obtuvo el pasaporte y fue liberado. Luego desapareció sin dejar rastro. Semanas atrás, la Justicia paraguaya solicitó una orden de captura internacional en su contra –en el marco de la operación A Ultranza Py– y lo acusó de ser el líder de un grupo regional que envía cocaína hacia Europa.
Para gestionar el pasaporte, Marset se presentó ante los servicios diplomáticos como «agente musical, teatral o artístico». Fijó domicilio legal y laboral en The Palms Frond M Vila 123, una lujosa zona residencial del emirato. Así lo establece un documento aportado por la cancillería ante un pedido de informes presentado por la Bancada de Senadores del Frente Amplio. La respuesta de los servicios diplomáticos, sin embargo, se contradice con la aportada por el Ministerio del Interior (MI) a los legisladores de la oposición.
De acuerdo a la información brindada por la cartera de seguridad, Marset intentó obtener el pasaporte uruguayo en 2019, pero el Certificado de Antecedentes Judiciales detectó dos causas penales abiertas, por lo que el proceso quedó en suspenso. Sin embargo, esta vez el análisis efectuado por la Dirección Nacional de Policía Científica detectó «que este ciudadano carecía de antecedentes judiciales», por lo que en ese momento «estaba en condiciones de tramitar su pasaporte común uruguayo en el exterior por no presentar causas penales abiertas (las que antes existían se habían cerrado), ni poseer requisitorias». Ante esto, la Dirección Nacional de Identificación Civil procedió a imprimir la libreta del pasaporte y la remitió a la cancillería para entregársela al solicitante.
En su respuesta, el MI dejó constancia de que «es recién con fecha 7 de marzo del año 2022, que la OCN Interpol Paraguay, solicita la captura internacional del causante (Marset), emitiendo una notificación roja […]». «Antes de esa fecha no existían requisitorias, ni alerta roja.» Y apuntó que el pasaporte «tramitado y autorizado» por la cancillería «se efectuó ajustado a derecho y conforme a lo establecido en el decreto N.o 129/014».
Sin embargo, la respuesta de la cancillería, firmada por el ministro Francisco Bustillo, se deslinda de toda responsabilidad y apunta las cargas contra el MI. Según la respuesta, la gestión de estos pasaportes se realiza a través de un sistema informático integrado entre ambos organismos. El trámite se inicia en la oficina consular, que ingresa los datos del solicitante y agrega sus huellas dactilares, una fotografía y su firma; esto se envía directamente al MI, «por lo que este último procede a analizar, autorizar/denegar el mismo y, de corresponder, posteriormente imprimir el pasaporte» y enviarlo a la cancillería para su entrega.
Ante la pregunta de si existía una solicitud de requisitoria internacional contra Marset, la cancillería insistió en desmarcarse: «El chequeo de la información cargada, así como los antecedentes y/o requisitoria, corresponden al Ministerio del Interior, quien tiene la potestad de autorizar/denegar el trámite iniciado. Esta secretaría de Estado tomó conocimiento de la existencia o no de eventuales impedimentos judiciales de los solicitantes de pasaporte cuando el trámite es autorizado/denegado por el Ministerio del Interior, exclusivamente a través del sistema integrado».
Según informó el semanario Búsqueda, Marset es el principal sospechoso de ordenar, en 2020, la amenaza de muerte contra la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero. En 2013, fue procesado en Uruguay por delitos asociados al narcotráfico, y más tarde se radicó en Bolivia, donde extendió su red de contactos y se convirtió en un engranaje relevante de la operativa de tráfico ilícito de drogas desde la región hacia Europa. Algunos cargamentos tuvieron como punto de partida el puerto de Montevideo (Búsqueda, 17-III-22).
