La malla protectora

El primer verano en el que la red extendió su malla estuvo teñido de verde y no precisamente del que recuerda la paleta de los bosques nativos o el que alude, de un modo a menudo superficial, a los movimientos ambientales. La Red Unión de la Costa (RUC) se había formado unos meses antes, pero aquel estío de 2019 en el que los uruguayos debieron zambullirse entre las manchas de una explosiva floración de cianobacterias fue un mojón. Aunque la eutrofización en los cursos de agua venía siendo alertada por los científicos, fue aquella crisis amenazante para las arcas del turismo la que familiarizó a las comunidades costeras con ese asunto asociado a la intensificación productiva. La crisis veraniega fue solo un catalizador, porque los grupos de Maldonado ya venían lidiando con una gestión departamental a todas luces depredadora. La instalación de geotubos en las playas como cuestionable método contra la erosión costera o el uso de la excepción como norma en la autorización de proyectos inmobiliarios en las cuencas de lagunas y humedales reunían cada vez a más vecinos deseosos de agrupar fuerzas. Habían ocurrido incluso episodios tensos: algunos grupos vecinales llegaron a pararse delante de las retroexcavadoras con el fin de intentar detener obras notoriamente nocivas para los ecosistemas marinos.

El puntapié inicial para la creación de la red había llegado a través de una de las referentes más incansables, Sandra Corbo, quien organizó unas jornadas desde su grupo Plantarenas. Así, se comenzaron a comunicar sobre todo las organizaciones locales, con la participación de algunas nacionales, y se invitó, además, a docentes del Centro Universitario Regional del Este (CURE) y de la Facultad de Ciencias (FCIEN) de la Universidad de la República (Udelar), en una sinergia con la academia que distingue a la RUC hasta hoy. «Todo comenzó en 2018 con un grupo de WhatsApp», resume Ana Lía Ciganda, egresada de una de las primeras generaciones de la maestría de Manejo Integrado Costero del CURE de Maldonado, que hoy cursa su doctorado en Países Bajos. «En ese momento, cuando no estaba tan extendida la virtualidad, nos empezamos a reunir en Maldonado y, a medida que íbamos detectando cuestiones que tenían cosas en común, empezamos a pensar cómo abordar problemáticas más estructurales, porque entendimos que nos dábamos contra la misma pared. Por ejemplo, descubríamos el inicio de una obra y no sabíamos si tenía un permiso o no. Entendimos que no tenía sentido encarar los problemas como grupos aislados y que tendríamos más fuerza si lo hacíamos como una red o una organización de segundo nivel.»

El último relevamiento contabiliza hoy a unos 105 grupos, cuenta Corbo, que es socia fundadora de Conservación de Especies Nativas del Uruguay –cuyo acrónimo es Coendu, en honor al tan bello como punzante puercoespín arborícola que habita estas tierras–. Pero ella integra también la comisión de cuenca de la laguna del Diario, el movimiento Punta Ballena Protegida, Amigos del Océano o la Comisión Ambiente de La Serena (La Paloma). «Ando metida por todos los agujeros», bromea. Ciganda, otra de las fundadoras de la RUC, se suma al comentario: «Si te descuidás, Sandra ya te crea un nuevo grupo».

Y la red es aluvional y poseedora de una mirada integral del ambiente y los ecosistemas. La pertenencia ya no solo está dada por las organizaciones reunidas en torno a una playa oceánica, las lagunas costeras o a la desembocadura en el Río de la Plata. En el entramado convergen guardianes de arroyos, montes indígenas y serranías (los de la Sierra de las Ánimas, por ejemplo) o los grupos movilizados contra los proyectos de hidrógeno verde en Paysandú. Hay grupos de egresados del polo educativo tecnológico (ex-UTU) Arrayanes de Maldonado o de la licenciatura en Recursos Naturales de Rivera. También están las asociaciones de guardaparques y de guardavidas, y colectivos sociopolíticos como la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (con la que batallaron contra el proyecto Neptuno) o el Movimiento por un Uruguay Sustentable. La RUC empieza a tejer, asimismo, sus vínculos transfronterizos y, en esta línea, organizó en noviembre, en La Floresta, sus segundas jornadas de encuentros costeros junto con la bonaerense Asamblea Regional en Defensa del Ambiente Costero.

Otro de los desvelos es tratar de construir conocimiento fiable y riguroso en sus fundamentos técnicos. «Hay una fuerte responsabilidad por la corroboración de datos y en la revisión junto con los técnicos que integran la red y otros que no están, pero que se pueden sumar en casos específicos», enfatiza Ciganda. De hecho, una treintena de científicos e investigadores especializados en ambiente están adheridos a la red. Se trata de construir un trabajo «muy cuidado» hacia la interna, basado en el «buen diálogo» y en la no incursión en asuntos de política partidaria: la RUC no posee una estructura piramidal de cargos ni una comisión directiva (a diferencia de otras organizaciones individuales de esta red de redes que sí la tienen). «Hay una sinergia activa para apoyar los casos locales, porque se comparte el mismo espacio, pero también se busca comunicar sobre problemáticas nacionales que afectan a todas las personas», complementa la bióloga. Para optimizar una respuesta rápida frente a los conflictos álgidos han conformado un grupo más pequeño: RUC Activos. Allí están los componentes que se hacen de voluntad y tiempo para estudiar los casos, hacer un seguimiento y buscar las estrategias más acordes.

LEGITIMACIÓN Y APRENDIZAJE

La abrumadora cantidad de denuncias y asuntos a tratar, cierto trasiego de grupos que llegan y otros que desaparecen, y cómo conciliar la acción honoraria con las distintas ocupaciones son algunas de las complejidades que debe asumir la RUC. «Tratamos de optimizar el trabajo porque todo lo hacemos en los huecos que nos dejan nuestros empleos, familias, todo. Es también una forma de cuidarnos. Las asesorías técnicas que podemos hacer por supuesto que son honorarias», describe Ciganda. Los integrantes deben enfrentarse con voluminosos expedientes o el estudio de las normas subyacentes caso a caso. Aquí, Agustina Melotto Domé, chef especializada en cocina ecológica y saludable en Playa Grande y miembro de la Red Ambiental de Piriápolis y Alrededores, introduce otro de los asuntos recurrentes: el de la competencia de los distintos organismos. Cada situación se convierte en un pasamanos, en el que deslindan responsabilidades la intendencia o el ministerio en cuestión: «Hay una diversificación tan grande de competencias que la mayoría de las veces no hay respuesta para defender lo que hay que defender y proteger un hábitat afectado. Los inspectores municipales, que deberían ser la policía territorial, no actúan como tal», señala la activista. «Los distintos niveles de gobierno y las diferentes direcciones no siempre se coordinan. En un caso puede haber cinco direcciones involucradas y ninguna ejecuta. Nosotros encontramos recovecos para hacer presión igual, pero es muy difícil porque todavía a nivel sistémico y estructural sigue sosteniéndose lo que no funciona y no se validan los derechos ambientales», evalúa. Su red, tejida en torno a Piriápolis, surgió en 2023 a partir de un caso puntual y hoy tiene una unidad de denuncia ambiental ciudadana dedicada al estudio de casos y a «lograr validar derechos en el territorio, en situaciones concretas».

Los complejos estudios de impacto ambiental presentados por las corporaciones requieren sesudas consultas técnicas que no están al alcance de cualquier lego. Pero una de las tantas dimensiones pedagógicas que traen los conflictos socioambientales son los aprendizajes, el acercamiento de personas que antes desconocían la temática y también nuevos hitos. Y aquí puede ser oportuno recordar otro mojón alcanzado por las organizaciones locales y la RUC: el conflicto por la construcción de la rambla desde Punta Colorada a Punta Negra. La movilización logró frenar temporalmente el proyecto con una medida cautelar y significó el primer trabajo junto con la Clínica de Litigio Estratégico de la Udelar, con el asesoramiento del abogado Juan Ceretta. Esa lucha sufrió el contragolpe de una inédita demanda judicial de la Intendencia de Maldonado (IDM) –en ese entonces conducida por Enrique Antía– contra dos grados 5 de la FCIEN: Omar Defeo y Daniel Panario, ambos también integrantes de la RUC. La ofensiva terminó fortaleciendo la articulación: «Comprendimos que con una acción judicial podíamos tener más llegada y no seguir rebotando con recursos administrativos», relata Ciganda. La suerte final, como saben abogados y activistas, siempre dependerá de los fiscales y los jueces de turno. La construcción de la rambla se retrasó un tiempo y finalmente se concretó, aunque unos pocos metros más alejada del cordón dunar. El proyecto del paseo costero diseñado y elevado a la IDM por organizaciones como Nativos de Punta Colorada, Nativos de Punta Negra y las respectivas comisiones de fomento no fue considerado, pero se lograron nuevos vínculos y el conocimiento de más herramientas.

«El Ministerio de Ambiente [MA] es especialista en deslegitimar a las organizaciones cuando accionan frente a la Justicia», introduce Ciganda. La bióloga se refiere al famoso tema de la legitimación activa, una triquiñuela con la que los abogados del Estado intentan hacer caer las demandas por razones de representatividad de los demandantes. El mecanismo, de acuerdo a la entrevistada, sigue siendo usado por la presente administración, cuya cabeza jurídica permanece incambiada. Esta actitud del aparato estatal se practica a pesar de que Uruguay ha ratificado el Acuerdo de Escazú, el pacto latinoamericano que promueve los derechos de acceso a la información ambiental y la participación pública en procesos de toma de decisiones, así como el acceso a la justicia. La sociedad civil también batalla contra la aprobación tácita de proyectos. Si el MA no se expide a los diez días de que se presenta una solicitud de autorización ambiental, los emprendimientos pueden quedar aprobados con la categorización de riesgo hecha por el privado. En otras ocasiones, los grupos ni siquiera conocen la categoría ambiental de los proyectos y deben recurrir a la ley de acceso a la información pública. «Esa es una de las cosas que más nos preocupan –puntualiza Ciganda–, porque hay voluntades políticas que dejan vencer los plazos.»

PUNTA BALLENA, PETRÓLEO Y DESPUÉS

Otro hito ineludible en la historia de este movimentismo fue el que permitió frenar la construcción de un condominio de 29 edificios en una de las puntas rocosas y ecosistemas costeros más relevantes del país: Punta Ballena. Las masivas movilizaciones de vecinos, con el surgimiento de una madeja de organizaciones también integradas a la RUC, comenzaron en noviembre de 2023 y el periplo llevó incluso a la edición del libro La batalla de Punta Ballena: el poder de la sociedad organizada, a cargo de Víctor Bacchetta, otro miembro de la red.

Este proceso toma ahora la forma de un círculo virtuoso, ya que las organizaciones movilizadas lograron consensuar un proyecto especial de conservación con todos los partidos políticos que integran la junta departamental. Se pretende llegar a dos tipos de protección: que la zona sea declarada monumento natural departamental no edificable y que el Poder Ejecutivo la integre al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Otro mojón considerado histórico es que la sociedad organizada no solo participará en la confección del futuro plan local de la microrregión de Punta Ballena, sino que pasaría a integrar la comisión administradora del área protegida (véase «Una perla en la costa», en esta edición, págs. 7-8).

Esta concatenación de los hechos parece indicar un final feliz o un proceso modélico. Sin embargo, el movimiento sabe que no podrá dormirse, porque se pueden seguir creando áreas protegidas, pero si nadie las controla, aparece aquella vieja máxima del progreso manuscrito. «Esto no termina acá. Hay que estar permanentemente controlando que se esté haciendo lo que se dijo que se iba a hacer y articulando con otros actores que aún no están involucrados. Pero siempre tuvimos presente algo: no podíamos tener un área protegida y no ser nosotros parte de la gestión territorial», resume Corbo.

Panario recalca ese imperativo de la movilización permanente e introduce otro de los grandes desafíos venideros, como la inminente nueva ronda de prospección petrolera offshore: «No nos podemos quedar quietos ni tranquilos, porque cada día te traen un proyecto más ambicioso. Ahora, la comunidad organizada se da cuenta de que van a hacer prospección petrolera. Los intereses del capital pasan por arriba de lo que venga si los dejás y quizás se asusten un poco si hay movilización fuerte, que, además, después prende en otros lados. Pero si la movilización se debilita, te caminan por encima». Como perla ilustrativa, el profesor trae a colación el caso del imponente parque nacional de Yasuní, de Ecuador, donde en un plebiscito, en 2023, el 60 por ciento de la población se pronunció en contra de explotar hidrocarburos y, sin embargo, el gobierno los sigue extrayendo. «Nunca estás seguro de que ganaste. Es como en la laguna del Cisne, que supuestamente tiene un área protegida, pero le buscan la vuelta para hacer un barrio privado», atiza.

La red ahora –cuenta Corbo– se plantea el desafío de extenderse por todo el territorio y alcanzar otra escala.¹ «El asunto es pasar a una cosa mayor sin debilitarse», reflexiona Panario. Y, como colofón, resurge la contracara de la motivación y de la gestión de la horizontalidad, en asuntos que despiertan mucha pasión, pero también altibajos anímicos: «Hay una cosa importante que también la venimos tratando y es que hay mucha tristeza y depresión detrás de las movidas ambientales. Las cosas duelen mucho y hay que sostener a las personas, a los jóvenes que no quieren seguir», plantea Corbo, quien incluso alude a algo que llama la depresión petrolera. Precisamente, en esta semana, las organizaciones movilizadas contra las prospecciones sísmicas han emitido una alerta frente a las intenciones de Viridien (ex-CGG) de comenzar con los disparos submarinos en febrero. Mientras sostiene estos y tantos otros asuntos, la red ambientalista experimenta los dolores del crecimiento y los desafíos de crear estructuras sólidas, que finalmente dependerán del cuidado mutuo y la perseverancia. Pero, con sus avances y retrocesos, está ahí.

1. Actualmente la conforman 40 grupos de Maldonado, 19 de Canelones, 18 de Rocha, 5 de San José, 2 de Colonia, 2 de Paysandú y 1 de Rivera. Hay 17 organizaciones de alcance nacional. ↩︎