Antes, durante y después de las generales del pasado 12 de abril, el líder de la ultraderecha, Rafael López Aliaga, encabezó e intensificó una campaña de desinformación sobre un supuesto fraude en su contra. Quería pasar al balotaje con la ayuda del pacto corrupto, nombre con el que se conoce aquí a la autocracia parlamentaria que gobierna desde diciembre de 2022. Diez días después de los comicios, el candidato populista de izquierda, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, lleva más de 20 mil votos de ventaja y debería disputar la segunda vuelta con la conservadora Keiko Fujimori, quien logró un 17 por ciento de la votación.
El escrutinio aún no concluye porque más de 5 mil actas observadas por error material o impugnadas por los partidos están pendientes de resolver en la justicia electoral, pero especialistas indican que no debería haber variación respecto de quiénes pasarán a segunda vuelta. El tribunal electoral (Jurado Nacional de Elecciones [JNE]) espera proclamar los resultados a mediados de mayo.
Más de 2,7 millones de peruanos votaron por Fujimori, pese a que afronta una investigación fiscal por lavado de activos y espera la anulación del juicio en su contra por los millonarios aportes ilegales que recibió de la constructora brasileña Odebrecht y empresas peruanas para sus campañas electorales de 2011 y 2016. Keiko es, además, quien gobierna el país mediante presidentes títere y un Congreso sin contrapesos, luego del frustrado autogolpe del mandatario Pedro Castillo en 2022.
El JNE evaluó el pasado miércoles 22 los pedidos del partido fujimorista Fuerza Popular y de Renovación Popular –de López Aliaga– para unas elecciones «complementarias» en Lima, y no llegó a un acuerdo unánime. El candidato de la narrativa del fraude quería rehacer los comicios en la capital, donde la instalación de mesas de votación el 12 de abril demoró horas en algunos distritos debido a fallos logísticos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la empresa privada que transportaba material electoral. Con esa base, las autoridades designadas por el régimen se plegaron a las versiones de fraude y atacaron administrativa, penal y mediáticamente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto. El objetivo era sacar a este funcionario neutral para maniobrar contra el pase de Sánchez a la segunda vuelta. El candidato del partido Juntos por el Perú hizo campaña ofreciendo el indulto del expresidente Castillo, y llegó al 12 por ciento, obtenido sobre todo en localidades rurales y ciudades fuera de Lima. El grueso del voto a López Aliaga fue, en cambio, en la capital.
UN TERROR QUE PAGA
Ante el avance de escrutinio desfavorable, López Aliaga amenazó con sodomizar al presidente del tribunal electoral y con «insurgencia civil» si no anulaba las elecciones. Días después, amenazó de muerte al jefe de la ONPE: era la segunda vez desde marzo. La Junta Nacional de Justicia, que nombra y ratifica a los jefes de la oficina responsable de las elecciones, anunció que revisaría la ratificación de Corvetto en el cargo. Ninguna autoridad reaccionó contra el llamado a la sedición y la violencia del ultraderechista.
Seis días después de la primera vuelta, el hostigamiento llegó a las puertas de la casa del jefe de la ONPE. Una turba de ultraderechistas se plantó con altavoces para gritar «fraude» y exigirle que deje el cargo. Igual que un grupo de choque fujimorista en la segunda vuelta electoral de 2021 contra el presidente del tribunal electoral de entonces.
Luego de la difamación, el acoso, las citaciones para declarar ante el Congreso y la policía, y rumores de una prisión preventiva, el alto funcionario dimitió el martes. La Junta Nacional de Justicia no debió aceptar, pues, por ley, el responsable de las elecciones no puede renunciar durante el proceso. Pero la institución está tomada por el régimen autocrático, al igual que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades alineadas a políticos investigados por corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.
«Hay una pugna por los resultados de las elecciones: los partidos del pacto parecen tener la batuta y mayores posibilidades de imponer sus intereses. Sin embargo, las demás fuerzas políticas no actúan en la mejor defensa de la institucionalidad democrática, sino con cierto cálculo. Eso hace aún más compleja la crisis», comentó a Brecha la politóloga Paula Távara. Su crítica se dirigía al candidato de centro Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, quien quedó en cuarto lugar con un 11 por ciento. El político consideró la posibilidad de elecciones complementarias pese a que el procedimiento no existe. Se desdijo indirectamente vía X el miércoles.
CONTRA LA MANIOBRA
El miércoles 22, mientras asumía el nuevo jefe interino de la ONPE, candidatos y militantes de los izquierdistas Juntos por el Perú, Ahora Nación y Venceremos se manifestaron frente al tribunal electoral para rechazar unas elecciones adicionales ilegales.
César Holguín, candidato a diputado por la región Cusco de Ahora Nación, dijo que, si el JNE cedía las regiones, se movilizarían para defender su voto, como en la segunda vuelta de 2021, cuando Fujimori quiso anular miles de votos de Castillo en la justicia electoral.
Luego de que el ultraderechista puso un ultimátum al JNE, los candidatos presidenciales Alfonso López-Chau, Mesías Guevara, Marisol Pérez Tello y Rafael Belaúnde y sus partidos se pronunciaron también contra el «fraudismo». Y lo mismo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Organización Nacional de Familiares de Mártires y Víctimas de las Masacres 2022-2023 y varias ONG.
Las víctimas de la represión en 2022-2023 señalan que la salida de Corvetto ocurre en medio de «una ofensiva política, mediática e institucional que busca golpear y deslegitimar a los organismos electorales».
Para el antropólogo e investigador Jairo Rivas, «independientemente del resultado de la primera vuelta, queda una doble preocupación: la real capacidad de una ONPE descabezada para conducir lo que resta del proceso y la posibilidad de que se continúe rompiendo el ordenamiento jurídico para favorecer a los actores “fraudistas”, más aún visto el alineamiento institucional hacia ese discurso».
«Corvetto no era una pieza dentro de su engranaje. Sabíamos que iba a estar en amenaza», apuntó, a su vez, Indira Huilca. Su padre, el líder sindical Pedro Huilca, fue asesinado al inicio del régimen de Fujimori luego de oponerse públicamente a la eliminación de derechos laborales. La militante de Ahora Nación es una de las diputadas con más alta votación para la Cámara de Diputados.
Con miras al balotaje, la ciudadanía vuelve a manifestarse contra Fujimori, candidata a la presidencia por cuarta vez. La noche del miércoles, en el centro de Lima, al final de una marcha estudiantil, el coro era: «¡Fujimori nunca más, Fujimori nunca más!». Un lema que los peruanos repiten hace 30 años, antes contra la autocracia de Alberto Fujimori, hoy contra la actual.
