Bautizado por el gobierno como Mes del Ambiente, junio finaliza sin que se disipen las dudas sobre el rumbo de la gestión estatal en lo ambiental. Es posible que, más allá de las declaraciones que todos compartiríamos, las acciones y las explicaciones más recientes estén incrementando la incertidumbre.
Un hecho destacado ocurrió, días atrás, cuando se anunció que el nuevo subsecretario del Ministerio de Ambiente será el ingeniero agrónomo Óscar Caputi (Asamblea Uruguay). Esa novedad ocasionó una inmediata reacción de rechazo de las organizaciones ambientalistas, con características inusuales por ser generalizada y enérgica. Más de 100 organizaciones en seis departamentos, agrupadas en la Red Unión de la Costa, declararon que se oponen «firmemente a cualquier designación que represente un conflicto de intereses».1
Apuntan a que el futuro viceministro se desempeñaba en una empresa consultora que, entre otras tareas, presentaba estudios ambientales de obras privadas para obtener los permisos ante el ministerio que integrará. En esa tarea defendió emprendimientos como barrios privados en Maldonado y Salto o un fraccionamiento en un balneario canario, rechazados por los vecinos justamente por sus impactos ambientales.
Este caso sirve para abordar dos cuestiones conceptuales de gran relevancia para diseñar e implementar políticas públicas. La primera se refiere a las alertas ambientalistas sobre la llamada puerta giratoria –el término que describe a un individuo que trabaja en empresas privadas, luego pasa, por ejemplo, a un ministerio, después sigue a un organismo internacional y más tarde regresa al gobierno o a las empresas–. La rotación no es en sí el problema, sino que las posiciones empresariales iniciales sean las mismas que defiende en sus otros puestos, incluso dentro del gobierno, dejando por el camino la independencia que se espera desde el Estado para defender el interés general.
La puerta giratoria ha sido estudiada en detalle porque golpea a las políticas ambientales. Por ejemplo, en Perú hay evidencia que muestra que el empresariado minero promovía que sus técnicos ingresaran al Estado y, una vez allí, facilitaran las exigencias ambientales. El resultado fue tan grave que se habla de una cooptación empresarial del Estado. En Brasil se llegó a un extremo con Jair Bolsonaro, que designó a un ministro de Ambiente que tenía causas judiciales precisamente por servir a los intereses empresariales.
A pesar de que una controversia de este tipo ocurrió en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, no está claro si las actuales autoridades ambientales consideran este problema. Por lo tanto, es válido que las organizaciones ciudadanas alerten que las puertas giratorias atentan contra la independencia de las instituciones estatales. Se debe impedir caer en esos males, y tanto las jerarquías como los técnicos, en áreas como salud o ambiente, deben atender el bien común y no el desempeño de los negocios.
La segunda cuestión surge de las respuestas del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, sobre ese rechazo ciudadano. En una reciente entrevista, el jerarca defendió ese nombramiento razonando que todo profesional tiene el derecho de trabajar en la actividad privada y que no puede reclamarse que no lo haga si no está trabajando dentro del Estado (Noticias 5, 20-VI-25). Esas observaciones son correctas, pero si se usan para justificar la decisión, indicarían que, tal vez, el ministro no comprende la otra cuestión en juego. Es que el rechazo ciudadano también se basa en indicar una discrepancia radical en cómo se valoran los impactos ambientales. Los pareceres técnicos del futuro subsecretario están reñidos con lo que los grupos locales entienden como un cuidado y una gestión adecuada del ambiente.
Para dejar esto en claro, es como si el Ministerio de Salud Pública, que mantiene una campaña contra el tabaquismo, decidiera colocar en la dirección de la unidad encargada de esa tarea a un médico que sostenía que el cigarrillo no era un riesgo sanitario grave. La importancia de entender esto es obvia. No puede construirse una política ambiental robusta si los técnicos encargados de dirigirla o evaluarla minimizan los impactos y los riesgos ecológicos.
Por si fuera poco, se sumaron más incertidumbres en este Mes del Ambiente. El ministro repitió los anuncios de una revisión de las exigencias sobre la calidad del agua, lo cual es muy bienvenido. Sostuvo que para ese fin se convocó un Grupo de Estándares (conocidos como GESTA), dentro de la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente (Cotama). Esta comisión es el espacio más importante de participación de la sociedad civil en materia ambiental, con integrantes que van desde las cámaras empresariales hasta los grupos ambientales.
La intención de mejorar los requisitos de calidad del agua es apoyada por todos. Lo que no se entiende es cómo puede convocarse a esa instancia GESTA si su comisión de referencia, la Cotama, no funciona desde hace años. La última sesión formal conocida ocurrió en 2017. Era una comisión que, a pesar de su relevancia, fue debilitada en las dos últimas administraciones progresistas y nunca se reunió bajo el gobierno de la coalición.
Las autoridades parecen no saber que no puede funcionar un GESTA, sea en agua o en cualquier otro asunto ambiental, si su mandante, la Cotama, no está operando. No es un detalle burocrático, es como si el Ministerio de Trabajo convocara a un comité de economistas y contadores para saltearse un consejo de salarios en el que están los sindicatos y los empresarios.
Sea porque aún no los entiende o porque no le parecen relevantes, lo cierto es que el gobierno ha desoído los reclamos de convocar a ese y otros canales de participación ciudadana. El último es el de grupos de ciudadanos de Fray Bentos y Colonia que llaman a poner en marcha las comisiones de seguimiento de las plantas de celulosa UPM 1 y Montes del Plata (Zur, 24-VI-25).
Es así que finaliza el cuarto mes de la nueva gestión, sin certezas en unos asuntos y con acciones en otros que parecerían mostrar que todavía no se entiende cómo se organizan y funcionan las políticas ambientales.
- «Red de la Costa: rechazo del nuevo subsecretario del Ministerio de Ambiente », Uruguay Ambiental, 17-VI-25. ↩︎
