Fue el 8 de abril de 2011, alrededor de las 17.00, cuando en el arroyo Solís Grande se derramaron 100 mil litros de petróleo. Las tareas de mantenimiento que llevaba a cabo una cuadrilla de trabajadores implicaban que se utilizara una bomba succionadora conectada a una manguera que explotó y derramó el crudo que era transportado desde José Ignacio a la refinería de La Teja.
Excavaciones para crear «piletas» en las que verter el petróleo que luego fue trasladado en «camiones tanques» hasta José Ignacio, donde fue depurado, un trabajo entre la Armada, ANCAP y la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), fueron lo que permitió –según la prensa de la época– recuperar «el 95 por ciento del crudo» esa misma noche. La Dinama, luego, tomó muestras para analizar el impacto ambiental del derrame. Después los pozos fueron rellenados con arena y tierra limpia y así quedaron. Mudos.
El País informaba el 9 de abril de aquel año que el «peor escenario» –que el petróleo llegara hasta el Río de la Plata– se había evitado. El periódico daba cuenta, también, de que una porción de la zona afectada por el derrame aún tenía presencia de hidrocarburos. Una semana después, la propia Dinama solicitaba, en un informe técnico, que no se habilitara el baño en el Solís Grande como consecuencia de la contaminación en ecosistemas, playas y humedales, porque, al haber pasado poco tiempo desde el accidente, aún se detectaba la presencia de crudo en la zona.
Más tarde hubo idas y vueltas entre la Dinama y la refinadora estatal. La primera le puso a ANCAP una multa de 2 mil unidades reajustables y le solicitó que enviara informes con «planes de prevención para estas situaciones y el estado del oleoducto que ocasionó el derrame». La multa se aplicó en julio, ANCAP anunció el pago en setiembre y respondió –según consignó No toquen nada en su momento– que sí se contaba con planes de contingencia. Es más, un año antes habían hecho un simulacro.
POZOS, MULTAS Y DERRAME
A fines del año pasado, otro derrame sorprendió a quienes habitan en los alrededores del Solís Grande. El último sábado de noviembre se detectó una fuga en el oleoducto que pasa por debajo del puente que cruza el arroyo. La válvula fue cerrada para evitar el vertido de más hidrocarburos al curso de agua que divide Maldonado y Canelones y se utilizaron barreras absorbentes para retener el crudo ya derramado.
Los pormenores del derrame de 2024 están más frescos en la memoria y Brecha informó en su momento que la Intendencia de Canelones había solicitado una serie de garantías para este tipo de situaciones, al igual que la Liga de Fomento del Parque Balneario Jaureguiberry y la escuela náutica La Flotante, que desarrolla sus actividades en el arroyo (véase «Lágrimas negras», Brecha, 5-XII-24).
Entre los procedimientos puestos en marcha tras ese derrame se establecieron canales de comunicación de las autoridades con los vecinos, que incluyeron una reunión el 30 de enero de este año para informar del estado de situación del arroyo y la zona afectada. En un documento que resume lo mostrado en la reunión, ANCAP presentó, además de los resultados de los muestreos tomados en la zona sur del arroyo, el análisis de la parte de la costa donde ocurrió el derrame de 2011: 13 años después, según un monitoreo realizado en noviembre de 2024, hay puntos que todavía presentan contaminación de hidrocarburos.
Según explicaron a Brecha desde la Liga de Fomento del Parque Balneario Jaureguiberry –y como consta en el documento que condensa lo hablado en la reunión–, ANCAP se comprometió a hacer la remoción y la sustitución de suelo en la zona impactada, para lo que se está elaborando un plan de trabajo. Las tareas, indicó el ente, podrían ser ejecutadas en el transcurso del mes siguiente –es decir, en febrero– o una vez finalizada la temporada de verano. Luego de los trabajos, se continuarán haciendo los monitoreos correspondientes.
PASIVO AMBIENTAL
La respuesta institucional que dieron a Brecha desde la empresa estatal es un repaso de los acontecimientos y la explicación de cómo remediaron la situación en ese momento. De acuerdo con ANCAP, desde 2015 hacen monitoreos de forma semestral y en 2018 «se contrató una consultoría especializada para un estudio de evaluación de la situación remanente en el sitio mediante técnica de georradar». El estudio de 2018 recomendó «continuar con las acciones de monitoreo y de mejora de las condiciones para fomentar la atenuación natural». Actualmente, informaron desde el ente, se dispone de un contrato para finalizar las tareas.
El plan de remediación de la zona afectada por el derrame de 2011 está incluido en el Plan de Remediación de Pasivos Ambientales de ANCAP. En su memoria de 2022, la empresa admitió que tiene un «pasivo ambiental», con base en un cálculo del costo total que tiene la remediación de zonas contaminadas por la operación del ente. La forma de determinarlo «consta de diferentes etapas, que incluyen una inspección, toma de muestras de suelos y de aguas subterráneas, procesamiento de los datos obtenidos y determinación de los volúmenes de suelo a remediar», explicó entonces ANCAP, que valoró el pasivo en unos 26 millones de dólares. Desde el ente estiman que la fecha para la remoción y el arreglo de esta zona en particular es «a fines de abril».
DE DICIEMBRE PARA ACÁ
Richard, vecino de Jaureguiberry y parte de la escuela náutica La Flotante, dijo a Brecha que cuando sucedió el derrame de noviembre en la parte sur del arroyo hubo «tres días con sudestada y pampero entrando», por lo que los técnicos estaban «monitoreando un espejo de agua que estaba siendo cambiado con el agua del mar», en contacto constante con esa parte del arroyo.
«A los 15 días más o menos el agua baja realmente, las sudestadas achican, el mar se calma; baja y empiezan a bajar manchas de aceite» que estaban en la zona norte del arroyo y habían sido registradas por los vecinos de esa zona. La forma era clara: eran manchas «lechosas», según Richard, que se destacaban en el espejo de agua y tenían un brillo de arcoíris. Para este vecino de Jaureguiberry, el monitoreo arroyo abajo «no estuvo bien hecho».
La respuesta dada por ANCAP a Brecha es que la situación se remedió y que, «de acuerdo con las condiciones de vientos dinámicas del arroyo en el momento del derrame», el área impactada estaba «en la zona sur». Es por eso que «el muestreo de suelos se realizó en esa zona, particularmente en la franja de cangrejales».
Según el informe que ANCAP presentó a la Liga de Fomento del Parque Balneario Jaureguiberry en enero, los remanentes de hidrocarburos producto del derrame de fines del año pasado están dentro de los parámetros aceptables. El ente expresó que toma como referencia la Guía Ontario, con «criterios basados en la salud». El análisis del agua en el lugar de la pérdida realizado el 2 de diciembre pasado arrojó un «valor muy bajo, casi no detectable», de hidrocarburos totales.
En tanto, en el análisis de sedimentos se detectaron 400 miligramos por quilogramo de hidrocarburos (mg/kg) totales, cuando la Guía Ontario establece «un límite de 1.000 mg/kg para áreas de uso recreacional». También se detectaron 6,5 mg/kg de níquel, que tiene un límite aceptable de 20 mg/kg. El elemento que sí superó los límites aceptables, por un gramo, fue el vanadio. Se detectaron 151 mg/kg, cuando el límite aceptable es de 150. Otros elementos, como arsénico y mercurio, no fueron detectables.
En tanto, en los análisis hechos en esa misma fecha en la zona de cangrejales, que despertaba especial preocupación, no se detectaron valores cercanos al límite aceptable. Los estudios realizados semanalmente a partir de entonces llevaron al ente a concluir, sobre el derrame de 2024, que «no se detecta contaminación que sea necesaria reducir mediante acciones de remediación. Los valores informados son admisibles para entornos que son utilizados con fines recreativos». El ente anunció que continuaría «realizando monitoreos con frecuencia quincenal».
A su vez, ANCAP comunicó que «se inició el trámite de licitación» para la colocación de cartelería a lo largo del trazado del ducto, «como refuerzo de la señalización ya instalada». Esto, ante el reclamo de vecinos que se enteraron de la existencia del caño luego del derrame.
