Socorro, Montesquieu Desde que en 1986 Julio María Sanguinetti vetara el presupuesto solicitado por la Suprema Corte de Justicia –concedido por el Parlamento en el primer gobierno posdictadura– hasta el cero peso de incremento establecido por el Ejecutivo de Tabaré Vázquez –aprobado por el Senado el lunes– pasaron siete capítulos presupuestales que reflejan un desequilibrio en la separación de poderes.

Lo que podría haber terminado en un agravamiento del conflicto entre poderes del Estado habilitó una solución salomónica que, aunque no sea para siempre, impuso un alto el fuego y otorgó tiempo para recomponer una relación que se ha venido complicando, presupuesto tras presupuesto, desde el retorno de la democracia. Y además pospuso la discusión en la interna del sistema de justicia.

Para el martes 8 a las 15 horas está fijado el primer encuentro de los cuatro sindicatos judiciales, los ministros de la Suprema Corte y representantes del Ejecutivo (ministerios de Economía y de Trabajo) para discutir cómo se distribuirá la partida extrapresupuestal de 246 millones de pesos prevista en el artículo 3 de la ley 19.310, el único que no fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Ju...