Descontando a su madre y a sus familiares más cercanos, difícilmente en Miami alguien se acuerde de Damir Ortiz, el niño de 10 años por el cual, a comienzos de 2025, los líderes del exilio anticastrista se movilizaron para sacar de Cuba al amparo de una visa humanitaria. En un hospital estadounidense, decían, el pequeño lograría curarse de la rara enfermedad genética que afectaba su sistema neurológico provocándole tumores. Damir murió el 5 de abril, menos de un mes después de su traslado a Florida. Llevárselo en aquel punto de su enfermedad no hacía una diferencia, habían alertado los especialistas que lo atendían en el Hospital Juan Manuel Márquez, el principal centro de medicina pediátrica de La Habana. Pero en Miami habían sabido capitalizar la desesperación de su madre para convertir al niño en una suerte de símbolo de la incapacidad del sistema público de salud de Cuba. Poco importaba que en el proceso le hubiesen dado esperanzas que nada tenían que ver con la realidad.
Por algunas semanas, el caso de Damir colocó al Juan Manuel Márquez en el foco de la atención. Pero, cuando el pequeño salió de allí para abordar una ambulancia aérea y los corresponsales extranjeros lo siguieron, el hospital volvió a su cotidianidad, pautada por los miles de niños que cada año son remitidos para recibir tratamiento en sus instalaciones. Muchos terminan en el mismo servicio de cuidados intensivos por el que pasó Damir. Hasta julio su vida se ponía en peligro real cada vez que caía el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Una caída del SEN es un apagón que durante días deja a oscuras todo el país. Es la consecuencia más dramática del bloqueo petrolero impuesto por Donald Trump.
Alrededor de 80 buques con combustible debían haber llegado a la isla desde enero, pero solo uno pudo hacerlo, en marzo. Esa situación ha dejado a Cuba dependiendo de la electricidad que pueda generar con el petróleo de sus yacimientos y con el medio centenar de parques fotovoltaicos construidos durante el último año y medio con ayuda de China. Son fuentes que garantizan menos de la mitad de la energía que se necesita. Cuando el desbalance entre generación y demanda es demasiado grande, el sistema colapsa y el país queda a oscuras. Solo los hospitales y otros centros priorizados mantienen la vitalidad a partir de sus propias plantas eléctricas. El problema está en que la mayoría de esos equipos tienen más de 20 años de explotación y funcionan
con diésel, un derivado casi imposible de extraer del denso petróleo local.
Durante los últimos años, las caídas del SEN se han vuelto cada vez más comunes –en lo que va de 2026 han ocurrido ocho–; también las noticias de hospitales que han debido hacer prodigios de ingenio para seguir en servicio a pesar de que sus generadores de emergencia se rompieron o quedaron sin combustible. Un plan acelerado de instalación de paneles solares en centros de salud pretende cambiar las tornas, pero, mientras se concreta, muchos médicos y enfermeras mantienen a mano sus celulares. Más de uno ha tenido que utilizarlos para consultas e intervenciones quirúrgicas.
Así sucedía también en el Juan Manuel Márquez, hasta que en julio la organización humanitaria española Open Arms le donó un sistema fotovoltaico con capacidad para sostener su unidad quirúrgica y su servicio de cuidados intensivos. El valor de ese gesto se puso en evidencia el 1 de agosto durante una nueva caída del SEN. Esa noche, una niña habanera de 2 años debió ser llevada de urgencia al quirófano por un derrame de bilis en el abdomen. Las 12 horas que requirió su operación hubiesen sido impensables sin el sistema entregado por Open Arms. «No sé qué es peor, bombardear un hospital o dejarlo sin luz», lamentó el líder de la ONG, Oscar Camps, semanas más tarde, cuando conoció el caso al regresar a La Habana con una nueva carga solidaria.
A mediados de octubre, el Ministerio de Salud Pública reconoció lo que las familias cubanas llevaban tiempo constatando en persona: que la mortalidad entre los niños y adolescentes enfermos de cáncer se ha multiplicado. Y todo indica que, de mantenerse la actual «política de máxima presión» ordenada por Trump, los números serán peores.
Morir de cáncer es solo uno de los peligros que acechan a los niños cubanos. La cruzada estadounidense por «liberarlos» también provocó que la tasa de mortalidad entre menores de 1 año pasara de 4 a 9,9 por cada 1.000 nacidos de 2018 a 2025. En ese período murieron 2 mil niños que hubiesen sobrevivido en circunstancias normales, cuando el sistema de salud cubano solía enfrentar con éxito sus patologías. El alza de la mortalidad infantil es consecuencia directa de las dificultades para cumplir con programas sanitarios como el de vacunación, y de la caída del número de profesionales de la salud.
En la década del 80, Cuba estableció el llamado esquema nacional de vacunación, que incluye 11 fármacos destinados a proteger a los menores de 1 año. Se cumplía con religiosa puntualidad hasta que las presiones de Trump virtualmente acabaron con la colaboración médica y el turismo, las dos principales fuentes de divisas para La Habana. Solo un esfuerzo notable de la isla y la ayuda de la ONU y otras organizaciones internacionales ha permitido en gran medida mantenerlo.
Pero líderes del exilio miamense llevan meses reclamándole a la Casa Blanca que presione a los pocos países que –como México– todavía contratan a médicos de la isla para que cancelen esos acuerdos. También le han pedido al secretario de Estado, Marco Rubio, que obligue a la ONU y sus agencias a interrumpir proyectos de colaboración «que solo benefician al régimen». Algunos influencers han llegado a proponer que el cerco naval impida llegar a La Habana veleros con carga humanitaria, como el Open Arms. «El régimen comunista no está cayendo ni va a caer por sí solo. Hay que tumbarlo. Las sanciones y presiones solo son válidas si se profundizan hasta preceder a una acción militar», escribió el lunes 9 José Daniel Ferrer, uno los más influyentes líderes del exilio. A la sede neoyorquina de la ONU había ido, a mediados de octubre, invitado por Trump, a defender el bloqueo. Cualquier sanción es válida para alcanzar la «libertad», dijo.
