“La Escuela de Cadetes de la Policía Nacional es una instalación militar; allá reciben instrucción y entrenamiento los oficiales que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contrainsurgente y dan trato de guerra a la protesta social. Por tanto la operación realizada contra dichas instalaciones y tropas es lícita dentro del derecho de la guerra, no hubo ninguna víctima no combatiente.”
Lo anterior es un extracto del comunicado emitido por la dirección nacional del Ejército de Liberación Nacional (Eln) pocos días después de la explosión de un coche-bomba, el pasado 17 de enero, en la escuela policial General Santander, al sur de Bogotá, que mató a 21 personas y dejó además 68 heridos.
Es así que el Eln decidió romper de forma definitiva los diálogos con el gobierno colombiano, los cuales llevaban meses estancados, dado que el presidente Iván Duque condicionaba su restablecimiento a la liberación de todos los secuestrados por la guerrilla y el cese total de las actividades insurgentes.
La reacción inmediata del gobierno de Colombia ha sido desconocer los protocolos pactados en caso de ruptura de las negociaciones de paz, que establecen un plazo de 15 días para planear y garantizar –de forma segura– el retorno a Colombia de la delegación del Eln. En lugar de esto, el gobierno de Duque pidió a Cuba la extradición de los negociadores elenos, lo cual genera un conflicto diplomático entre Bogotá y La Habana, dada la posición cubana de respetar los acuerdos previamente pactados con el ex mandatario colombiano Juan Manuel Santos.
El atentado de Bogotá era relativamente previsible como desenlace del estado de bloqueo en que se encontraba la relación entre la guerrilla y el gobierno colombiano. La mesa de negociación no funcionaba desde los momentos finales del mandato de Juan Manuel Santos, y menos aun desde la asunción de Duque. Por su parte, tampoco la insurgencia había hecho los gestos necesarios para destrabar el estancamiento del diálogo.
El propio Iván Duque se mostraba partidario –hace apenas unas semanas– de finalizar el proceso de negociación; sin embargo, prefirió darse un plazo para ver qué sucedía, con el fin de evitar ser él quien rompiera formalmente el diálogo. Para el gobierno colombiano nunca se trató de reanudar dichas conversaciones, sino de crear las condiciones para que se generasen unas nuevas reglas de juego y por lo tanto un nuevo marco de diálogo en condiciones más favorables para sus posiciones. En paralelo, los sectores políticamente más duros del Eln se radicalizaban y se resistían más a hacer concesiones. Sin duda la estructura federada que gobierna el Eln –en la que desde el primer día se detectaban tendencias claramente resistentes al diálogo– complejiza mucho la coordinación con los diez negociadores comisionados en La Habana.
El atentado en la escuela de cadetes de la policía inaugura una nueva fase de recrudecimiento de la guerra interna en Colombia. Si bien el Eln es una guerrilla con una capacidad operativa notablemente inferior a la que tenían las Farc, también es cierto que su eliminación es más compleja para el ejército regular colombiano, dado que sus militantes se articulan mejor con las poblaciones de los territorios donde operan.
En todo caso cabe decir que, para un gobierno que comenzaba a ser acusado por los sectores más duros del uribismo de no tener rumbo y cuyos indicadores de popularidad se encuentran en caída libre, las últimas acciones del Eln le dan un balón de oxígeno, permitiéndole justificar nuevamente el predominio de la vía militar sobre la política en la búsqueda de un horizonte de paz para Colombia.
