BDS Uruguay-Espacios Libres de Apartheid y judíxs contra el genocidio palestino queremos manifestar nuestro rechazo ante una sucesión de hechos preocupantes que amenazan la libertad de expresión en nuestro país:
— el proyecto de ley presentado en 2025 por los diputados Conrado Rodríguez y Walter Verri para modificar el Código Penal y castigar la negación del Holocausto y las expresiones de «antisemitismo»;
— la creación de un grupo de trabajo en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para estudiar la legislación nacional sobre «antisemitismo» y emitir recomendaciones al Poder Legislativo;
— la propuesta del senador Javier García de crear una comisión parlamentaria de seguimiento, prevención y denuncia del «antisemitismo»;
— el Primer Congreso de Legisladores Latinoamericanos contra el Antisemitismo, realizado en el Palacio Legislativo, donde entre otras cosas se pidió a los Estados de la región adoptar la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto(IHRA).
Todas estas iniciativas persiguen el mismo fin y son parte de una campaña regional y mundial de larga data que busca censurar y criminalizar como «antisemitas» las críticas hacia las políticas del Estado de Israel y la solidaridad con el pueblo palestino. También buscan desviar la atención sobre sus crímenes –especialmente el genocidio en Gaza– mediante una operación discursiva destinada a asimilar deliberadamente antisemitismo con antisionismo y a convertir a los victimarios en víctimas.
Con este fin, Israel y sus lobbies presionan a gobiernos e instituciones para que adopten la engañosa definición de «antisemitismo» de la IHRA, una institución creada por el movimiento sionista mundial que considera las críticas a las políticas de Israel y la solidaridad con el pueblo palestino como expresiones de «antisemitismo». Y una vez incorporada dicha definición a la legislación interna, se presentan recursos de lawfare (guerra jurídica) contra personas y organizaciones que, basándose en el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, luchan por los derechos del pueblo palestino y contra las políticas genocidas y de apartheid israelíes. Recordemos que el 16 de diciembre de 2025 el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República rechazó esta definición, solicitó al gobierno que la deje sin efecto y que estudie retirarse de la IHRA (donde Uruguay está como país observador).
Aunque el Estado de Israel y las instituciones sionistas pretenden representar a todas las personas y comunidades judías del mundo (la mayoría de las cuales no viven en ese país), hay muchas personas judías que no son sionistas y muchas personas sionistas que no son judías; por eso la asimilación entre ambos conceptos es incorrecta y falaz. El judaísmo es una religión y una tradición cultural con miles de años de existencia; el sionismo es una ideología colonialista surgida en Europa central y del Este a fines del siglo XIX, que ha tenido entre sus mayores críticos a personas, instituciones y movimientos judíos. Rechazar las políticas genocidas y de apartheid de Israel no es ser antijudío, y ese rechazo es lo que crece en el mundo ante el primer genocidio de la historia transmitido en tiempo real en nuestras pantallas.
Por eso compartimos la postura de 18 respetadas instituciones judías internacionales: la judeofobia (conocida como «antisemitismo») debe ser comprendida y combatida –especialmente a través de políticas educativas y no punitivas– en el marco de la lucha contra todas las formas de racismo, intolerancia y discriminación (incluyendo la islamofobia y el racismo antiárabe), no separada de ella ni con un estatus especial. En este sentido, la legislación uruguaya ya tiene herramientas suficientes para castigar expresiones y conductas racistas y discriminatorias, incluidas las antijudías.
Rechazamos en especial que el señor Marcos Israel (expresidente del Comité Central Israelita del Uruguay) utilice su actual cargo en la INDDHH para impulsar los intereses, el discurso y la agenda del Estado de Israel y del movimiento sionista mundial. Desde ese lugar, hizo que en 2024 la INDDHH firmara un convenio con el Observatorio Web de la organización Congreso Judío Latinoamericano, cuya finalidad última es también vigilar el avance del «antisemitismo» en nuestro país y la región.
También rechazamos categóricamente sus recientes declaraciones, en las que niega o pone en cuestión los crímenes atroces y las políticas genocidas que el régimen israelí viene aplicando especialmente en Gaza durante los últimos dos años y medio y extendiendo a Líbano. Mintiendo descaradamente y elogiando la «democracia» israelí, Marcos Israel quiere hacernos olvidar que el Estado de Israel ha sido ampliamente condenado por cometer el delito de apartheid, que está siendo investigado en la Corte Internacional de Justicia por cometer el crimen internacional de genocidio, y que dirigentes como Benjamin Netanyahu y Yoav Galant tienen orden de captura internacional emitida por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad.
También pretende ignorar o negar que el carácter, la magnitud y la gravedad del genocidio perpetrado por el Estado de Israel en Gaza desde octubre de 2023 no tienen precedentes en la historia reciente, y han sido irrefutablemente documentadas por varios organismos de la ONU (la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado y los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos; una treintena de expertos/as, como la relatora especial Francesca Albanese; la Corte Internacional de Justicia;ONU Mujeres, y el Comité de los Derechos del Niño), por la Corte Penal Internacional, por las principales organizaciones internacionales de derechos humanos (Amnistía Internacional;Human Rights Watch;la Federación Internacional por los Derechos Humanos, y las israelíes B’Tselem yMédicos por los Derechos Humanos) y por la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio.
Por todo lo expuesto, exigimos:
1. A la INDDHH:
— dejar sin efecto el acuerdo firmado con el Observatorio Web del Congreso Judío Latinoamericano, y
— dejar sin efecto el grupo de trabajo destinado a investigar la forma de luchar contra el supuesto «antisemitismo».
2. Al Poder Legislativo:
— rechazar el proyecto de ley de 2025 que busca penalizar las supuestas expresiones de antisemitismo;
— rechazar la propuesta de crear una comisión parlamentaria con el mismo fin;
— destituir a Marcos Israel de su cargo en la INDDHH, porque no actúa con independencia, sino que instrumentaliza dicho cargo para impulsar la agenda y los intereses del Estado de Israel.
3. Al Poder Ejecutivo:
— abandonar, a todos los efectos legales e institucionales, la definición de «antisemitismo» de la IHRA;
— retirar a Uruguay de la IHRA, por las razones expuestas arriba;
— dejar sin efecto los convenios firmados por instituciones del Estado (Administración Nacional de Educación Pública, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) con organizaciones sionistas locales que buscan naturalizar el discurso sionista entre la juventud;
— en cumplimiento del mandato de la Corte Internacional de Justicia, romper relaciones diplomáticas, comerciales, militares y de todo tipo con el Estado de Israel hasta que este respete el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, ponga fin a sus políticas genocidas y de apartheid contra el pueblo palestino y su agresión a los pueblos de Líbano, Irán y de toda la región.
BDS Uruguay-Espacios Libres de Apartheid
Judíxs contra el genocidio palestino
Montevideo, 22 de abril de 2026
