Una política de compartimentación y de secretismo en el manejo de la documentación hasta ahora encontrada sobre las prácticas criminales de la dictadura militar ha entorpecido las investigaciones sobre desapariciones, sobre extradiciones clandestinas y sobre la coordinación del plan Cóndor. Dichas manipulaciones facilitaron el ocultamiento de documentos, el desconocimiento de su existencia por parte de la justicia y la alteración de archivos. Tales actitudes, que responden a diferentes intenciones (ambiciones personales, mezquindades políticas), favorecieron en última instancia una concepción gubernamental de prescindencia que eludió un involucramiento activo en la investigación de los crímenes. Un ejemplo cabal –pero no el único– es el comportamiento del ministro de Defensa Nacional, Eleu...
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