Es una pena. Una adolescente de 15 años está encerrada en una celda de dos por dos metros, sin luz, sin calefacción. Estará allí un año de su vida. Le tipificaron “intento de rapiña” por querer sacarle una bolsa a una anciana y ahora tiene que pagar por este delito que la ley 19.055 interpreta como “grave”. Una pena que la priva de su libertad “por el mínimo” de un año.
“¿Es justo? ¿Qué sería una justa pena?”, preguntó Paolo Mefalopulos, representante de Unicef Uruguay, a un auditorio de unas 300 personas en el seminario internacional “Derechos de la infancia, seguridad ciudadana y penas no privativas de libertad: dimensión socio-jurídica y comunicacional”, organizado por dicho organismo internacional que defiende los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Durante la extensa jornada del ...
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