En el mismo día en que se conoció que el Ministerio de Ambiente (MA) había autorizado los proyectos para explorar el mar territorial uruguayo mediante disparos de ondas sonoras, Asamblea Mar Libre de Petroleras y Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma) ampliaron la demanda judicial presentada a fines de noviembre y lograron un primer resultado positivo. Las organizaciones solicitaron al Juzgado Civil de Octavo Turno una medida cautelar de no innovar con el fin de detener el proceso de autorización de los proyectos presentados por las empresas de prospección sísmica CGG-Viridien, APA, PGS y Searcher. La demanda pretende prevenir el daño ambiental de las exploraciones, clasificadas en la categoría C –la asignada a los proyectos más riesgosos para el ambiente–, a la espera de que la Justicia dé curso a un juicio por la nulidad de los contratos firmados con estas empresas de geodatos y con cinco petroleras (Chevron, Shell, Challenger, YPF y Apache) durante la administración pasada.
Sin embargo, el lunes 8 las oenegés se enteraron a través de una publicación en la prensa (La Diaria, 8-XII-25) de que el gobierno no esperó por el pronunciamiento del juez Federico Tobía y otorgó las autorizaciones ambientales previas (AAP) a las cuatro empresas, aunque con una serie de limitantes. A pesar de esto, los asesores legales de las organizaciones creen que la medida cautelar destinada a evitar el comienzo de esta dañina actividad sigue en pie, puesto que todavía resta la aprobación oficial de un plan de gestión ambiental que debe ser presentado por cada una de las firmas autorizadas para comenzar a disparar los cañones de aire comprimido hacia el lecho marino en busca de yacimientos de gas y petróleo.
Por esta razón, el mismo lunes 8 las organizaciones demandantes solicitaron al juez que intimara a las cuatro empresas a avisar de inmediato a la sede judicial cualquier nuevo trámite que presenten ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del MA, especialmente el plan de navegación y el plan de gestión ambiental requeridos para empezar a operar. El juez Tobía fue receptivo a esta solicitud y en la mañana de hoy aceptó intimar a las empresas para que notifiquen todo futuro paso en el proceso de exploración. Las organizaciones ambientales también solicitaron que se curse un oficio a la Dinacea para que deba informar al juzgado sobre cualquier nueva documentación elevada por las empresas y cualquier nuevo trámite en el expediente de autorización (aunque el juez todavía no se pronunció sobre esta última medida). El plan de gestión ambiental que obligatoriamente deben presentar las cuatro empresas reviste gran importancia, ya que tiene que ser aprobado por el MA un mes antes de que las firmas internacionales puedan comenzar sus operaciones en alta mar.
Entre otras cosas, en esos documentos deben figurar las condiciones que Ambiente exigió a las cuatro firmas a cambio de la AAP, como un plan de monitoreo biológico para medir la afectación sobre especies pesqueras (merluza, anchoíta y calamar), medidas de fortalecimiento de las capacidades de los grupos de trabajo que realizan el seguimiento de los varamientos de fauna, un plan de monitoreo de ruido para validar los modelos teóricos presentados (que deberá ser corroborado por técnicos del MA a bordo), un plan de compensación a los pescadores y el facilitamiento del transporte y la logística para las inspecciones de los técnicos ministeriales. Además, las cuatro empresas de prospección no podrán iniciar las operaciones frente a la constatación de la presencia de cetáceos, tortugas y pinnípedos en un radio de 1.000 metros desde la fuente de sonido.
La mayoría de los requerimientos fueron resistidos por las empresas, aunque el MA no dio marcha atrás. A modo de ejemplo, APA (petrolera que no solo hará prospección sísmica, sino que también es adjudicataria del bloque OFF-4 y que ya ha presentado la autorización para perforar) contestó que los planes de monitoreo biológico deben ser realizados por una «entidad gubernamental» y no por una empresa «estrictamente dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos». Pero más sugestiva aún es la respuesta frente a la exigencia oficial de tener que facilitar los medios para acceder a las instalaciones del buque y realizar las inspecciones correspondientes: «APA procurará atender cualquier solicitud de inspección; sin embargo, el traslado hacia y desde el buque sísmico quedará sujeto a la disponibilidad de transporte del buque de apoyo, a la disponibilidad de alojamiento a bordo y a los requisitos mínimos de entrenamiento en seguridad offshore exigidos para los técnicos visitantes». La pretensión no fue aceptada, pero es ilustrativa de la cultura organizacional que subyace tras esta actividad.
La obligación de tener que presentar toda esta información en el juzgado dará mayores garantías a los demandantes, explicó a Brecha el abogado patrocinante de las oenegés, Pedro Riera, ya que no se correrá tan «de atrás» y permitirá que la Justicia pueda expedirse antes de que los hechos ya estén consumados.
Para el nutrido movimiento ambiental que resiste la llegada de actividad petrolera a los ecosistemas marinos de Uruguay, los controles prometidos por el MA no son suficientes para mitigar los efectos documentados por la ciencia y los impactos sobre otras actividades, como la pesca, el turismo y las comunidades costeras. «Se identifican limitaciones en el control efectivo de actividades en alta mar», consigna el nuevo escrito elevado, que también recuerda los pronunciamientos al respecto de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Las organizaciones no buscan mitigaciones, sino que directamente se evite la exploración de hidrocarburos en un país como Uruguay y por eso continúan con las acciones judiciales.
En vista de que se incrementa «el riesgo de daño ambiental debido a la inminente ejecución de estas actividades» y que el aval oficial ya coloca en condiciones a las cuatro empresas de operar en el próximo verano, Mar Libre y Socobioma solicitan que durante la feria judicial las empresas y el Estado tengan que notificar cualquier nuevo documento presentado y esperan que los testigos llamados a declarar (prestigiosos científicos nacionales) puedan ser escuchados antes de que efectivamente comiencen las prospecciones sísmicas y que se pueda habilitar un litigio de fondo que apunta a que se declare la nulidad de los contratos por violación al ordenamiento ambiental nacional. Brecha pudo saber que hay más organizaciones ambientales que evalúan presentar recursos judiciales y que ponderan incluso la posibilidad de elevar acciones de amparo, una vía que obliga a la Justicia a expedirse en 15 días hábiles.
