Hace exactamente 30 años, un 22 de diciembre, una mayoría de senadores aprobaba la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, y así mutilaba la independencia del Poder Judicial y desvirtuaba el principio constitucional de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. La fundamentación de un senador blanco de que el Parlamento debía inclinarse ante “la lógica de los hechos” era apenas una excusa vergonzante: los “hechos” consistían en la decisión de un general –Hugo Medina– de desconocer la orden de un juez penal para que un militar retirado –José Gavazzo– fuera a declarar al juzgado. Medina guardó la citación en la caja fuerte del Comando del Ejército y en aquel entonces se especuló con que ese gesto pudo haber sido previsto en las negociaciones secretas del Club Naval, ...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate
