Tengo certeza de que la Amazonia no resiste cuatro años más de Bolsonaro, va a entrar en un punto de no retorno. Sería pésimo para el mundo entero, no solamente para Brasil», afirma categóricamente a Brecha Luciana Gatti, coordinadora del Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE, por sus siglas en portugués). La cuestión ambiental es uno de los puntos débiles del gobierno de Jair Bolsonaro, y uno de los que lo ha desgastado más a nivel internacional.
«Usted no tuvo el menor respeto por la Amazonia. Ustedes están jugando a cortar árboles. Nosotros vamos a ganar la elección para cuidar la Amazonia y no permitir que haya invasiones a tierras indígenas, ni minería ilegal, y mucho menos gente que quiera plantar maíz, soja, o algún otro producto en lugares donde no se puede plantar», le dijo al mandatario el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante el debate presidencial del domingo 16 en la televisión Bandeirantes. La respuesta de Bolsonaro fue sugerirle al público que buscara en Google las cifras anuales de deforestación, que, miradas de forma aislada y en términos absolutos, fueron mayores en el inicio inmediato del gobierno de Lula. Pero la diferencia está en la tendencia: durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), la deforestación iba en paulatino descenso; actualmente, va en franco aumento.
La ONG Observatorio del Clima, con base en datos del INPE, desmintió al presidente casi en tiempo real vía Twitter: «Bolsonaro miente sobre desmonte en el gobierno de Lula. El PT lo agarró en 25 mil quilómetros cuadrados y lo redujo a 4.500 quilómetros cuadrados. Bolsonaro lo agarró con 7.500 quilómetros cuadrados y lo llevó a 13 mil». Según los informes del INPE, la tasa de desmonte aumentó 73 por ciento en los tres primeros años de gobierno de Bolsonaro. El dato de 13 mil en los tres primeros años de gobierno de Bolsonaro de deforestación corresponde a 2021, fecha del último relevamiento. Se trata del mayor registro desde 2006. Sin embargo, Bolsonaro dijo, durante el debate, que «Brasil protege la Amazonia, dos tercios están con vegetación nativa que se encuentra exactamente como estaba cuando el país fue descubierto en 1500. Más de 80 por ciento de la selva continúa intocada».
BOLSONARO Y EL DEJAR HACER
Científicos, activistas y observadores internacionales coinciden en que la práctica del gobierno actual ha ido de la omisión a la promoción de los crímenes ambientales. Han sido múltiples las señales de apoyo a las actividades de destrucción de la naturaleza y los intentos de desprestigiar los organismos de control ambiental. En julio de 2019, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) –un ente autónomo vinculado al Ministerio de Ambiente– se encontraba fiscalizando la extracción ilegal de madera en tierras indígenas del estado de Rondonia. En respuesta, un grupo de madereros prendió fuego un camión que abastecía al helicóptero del IBAMA. El entonces ministro de Medio Ambiente, el ultraderechista Ricardo Salles, en lugar de respaldar al organismo federal vinculado a su cartera, visitó a los taladores que estaban detrás del atentado para darles su apoyo y dijo que lo que estaba haciendo el gobierno era «aproximar la parte legal al mundo real de lo que acontece en todo el país, de norte a sur».
Salles, que encarnó como nadie el combate antiambiental del gobierno, es quizás quien mejor ha resumido la línea bolsonarista en el tema. En una célebre reunión ministerial, del 22 de abril de 2020, cuyas actas íntegras fueron reveladas por el Supremo Tribunal Federal, afirmó: «En este momento, en que la atención de la prensa está volcada casi exclusivamente al covid, y en que nos está dando un cierto respiro en otros temas, tenemos la oportunidad de aprobar las reformas infralegales de desregulación, simplificación, todas las reformas que nos vienen reclamando». En ese «momento de tranquilidad», agregó Salles, había que apurarse a «passar a boiada» («hacer pasar el ganado») y «cambiar toda la reglamentación».
A eso se dedicó el gobierno los meses que siguieron: recortó el presupuesto de los organismos de fiscalización, como el IBAMA y el Instituto Chico Mendes de Preservación de la Biodiversidad, quitó peso a los representantes de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Medio Ambiente, aumentando el peso relativo de los delegados del gobierno y las empresas, y derogó varias normas de protección y garantías para la explotación de áreas protegidas (véase «Marcado a fuego», Brecha, 2-X-20). El gobierno ya se venía peleando con la realidad desde bastante antes, cuando Bolsonaro echó a Ricardo Galvão de su cargo de director del INPE, el instituto que monitorea la deforestación, porque no le gustaron los informes que indicaban un aumento de este fenómeno. El presidente sugirió que los datos eran una mentira y que Galvão «podría estar al servicio de alguna ONG», sin brindar datos que sustentaran sus afirmaciones (véase «Corte raso», Brecha, 23-VIII-19).
En mayo de 2021, Salles fue investigado por complicidad con madereros ilegales. Suely Araújo, que presidió el IBAMA desde 2016 hasta enero de 2019, dijo este año en una entrevista a Brasil de Fato: «Nunca había existido una cartera de Ambiente cuya misión fuera autodestruirse, que es lo que precisamente está ocurriendo en el gobierno de Bolsonaro. No creo que exista en ningún otro país del mundo».
Marcela Vecchione, profesora del Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de la Universidad Federal de Pará, dice a Brecha que «los últimos cuatro años fueron muy destructivos para el proceso de políticas públicas ambientales como un todo. El gobierno recortó presupuesto y, junto con todo el bloque que lo apoya en el Congreso, aprobó o puso en discusión una avalancha de proyectos de ley que apuntan a un desmonte de la política ambiental, medidas que modifican la ley general de licenciamiento ambiental, cambian la forma de entrega de tierras públicas y pretenden rever el Código Forestal». Vecchione ve en los mensajes públicos enviados por el gobierno un punto que se reitera: «Bolsonaro ha dicho centenas de veces que es posible talar todavía más en la Amazonia porque aún hay mucha selva inactiva. Aquí hay una marca de este gobierno: no hay nada de locura, es una política deliberada de producción de informaciones mentirosas. Todo su discurso busca relativizar la importancia de la protección ambiental, de la fiscalización».
En los papeles del equipo de campaña del presidente, sin embargo, nada de esto aparece. El programa de Bolsonaro para esta elección destaca que el gobierno federal «ha realizado enormes esfuerzos para cohibir las prácticas de desmonte y quemas, que causan enormes perjuicios al país», y afirma que un nuevo gobierno del actual presidente aumentará los controles y la fiscalización. También hace mención a los conceptos de economía verde, títulos de carbono y reducción de misiones, y manifiesta un improbable compromiso oficial con las agendas de la ONU en la materia.
HACER MÁS
«Es en el frente colonizador que avanza sobre la Amazonia, sobre los indígenas, sobre las comunidades tradicionales, donde Bolsonaro encuentra más votos. Los sectores vinculados a la minería ilegal, a la deforestación ilegal y a la usurpación de tierras públicas están con él porque para ellos él representa el lucro, por más que la otra cara de ese lucro sea la destrucción de la selva: matar nuestra gallina de los huevos de oro», dice a Brecha Josep Iborra, de la Comisión Pastoral de la Tierra, un organismo anexo a la Conferencia Episcopal Brasileña. Agrega: «Es como si estuviéramos abriendo la gallina con un cuchillo para sacarle los huevos. En vez de esperar y cosechar los frutos que nos puede dar la selva de forma sustentable como han hecho las comunidades durante tantos años, la estamos destrozando».
La identificación con Bolsonaro de los sectores mencionados por Iborra es patente en la geografía electoral. Un mapa elaborado por el ingeniero forestal Newton Monteiro, de la Universidad Federal de Paraná, a pedido del periódico Brasil de Fato, cruza los datos de las áreas con mayor número de alertas de deforestación según el sistema DETER, del INPE, y los votos al oficialismo en la primera vuelta, del 2 de octubre: se superponen casi de forma total. Es decir, en las áreas con mayor presión ambiental, muchas de ellas con economías dominadas por actividades agropecuarias vinculadas al desmonte y a las quemas, la victoria electoral fue claramente para Bolsonaro.
«Si Bolsonaro vuelve a ganar, las cosas tienden a empeorar; la tendencia es que la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) sea completamente desmantelada, se autorice la minería dentro de las áreas indígenas y se ataquen las unidades de conservación en lugares donde hay posibles minerales», dice Iborra. Vecchione está de acuerdo: «Si se lo reelige, ahí se acaba la relativa moderación que Bolsonaro ha tratado de mostrar durante las elecciones. Otorgar un segundo mandato da un sentido de legitimación muy grande a la forma en la que se venía gobernando. ¿Y cuál ha sido esa forma en el caso de Bolsonaro?: producción de desinformación y de crisis constantes. Y ese método no tiene solo efectos discursivos, sino que es reproducido con mucha fuerza por sus correligionarios de base».
Un estudio realizado por un grupo de investigadores liderados por el exdirector del INPE, Gilberto Câmara, a pedido de Folha de São Paulo,concluyó que en un eventual nuevo mandato del actual presidente, y con un crecimiento lineal que mantenga la misma tasa de desmonte actual, en 2024 el área anual deforestada podría llegar a 20 mil quilómetros cuadrados, lo que implicaría un retorno a los peores valores registrados desde que comenzó el conteo, en 1988. En entrevista al Jornal Nacional en agosto de este año, Bolsonaro se defendió diciendo que «es mentira que seamos destructores de la Amazonia». Y cuestionó: «Cuando se habla de la Amazonia, ¿por qué no se habla también de Francia? Está prendida fuego hace más de 30 días, lo mismo España y Portugal». En la misma entrevista dijo que hay abusos del IBAMA en la fiscalización ambiental, discurso que ha repetido desde la campaña de 2018, cuando afirmó que él acabaría con la «industria de la multa ambiental».
Las multas no acabaron completamente, pero en enero de este año, en un evento con empresarios ruralistas, el ultraderechista celebró su reducción en un 80 por ciento: «Dejamos de tener grandes problemas con la cuestión ambiental, sobre todo en lo que respecta a multas». En esa misma ocasión, también celebró la liberación del porte de armas para los propietarios de campos y el haber «prácticamente anulado» la actuación del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST). Iborra señala: «Últimamente, en materia de disputas por la propiedad de las tierras, lo que más hemos registrado no son ocupaciones de latifundio o tierras reivindicadas para reforma agraria, sino invasiones de tierras indígenas, de parques o de áreas de trabajadores tradicionales, como los seringueiros».
Bolsonaro ha respetado una de sus promesas de campaña: «Ni un centímetro más de tierra para los indígenas». Este proceso tiene como punta de lanza la militarización de la FUNAI, encargada de proteger y asistir a los pueblos indígenas, y que hoy opera en su contra. Un ejemplo claro de esto es el de Bruno Pereira, indigenista asesinado en junio de este año en la región de Valle del Javari, en el estado de Amazonas, junto con el periodista inglés Dom Phillips. Pereira estaba trabajando junto con las organizaciones indígenas locales en régimen de licencia, haciendo el trabajo que no podía hacer dentro de la FUNAI tras haber sido destituido del cargo de coordinador especializado en indígenas aislados y de contacto reciente. Funcionarios de carrera del organismo han denunciado persecuciones y asedio desde que comenzó el actual gobierno. El presidente de la FUNAI, designado por el oficialismo, Marcelo Xavier, un policía federal cuya agenda registra apenas cinco días de actividad durante lo que va del mes de octubre, es favorable a la explotación minera y agrícola en tierras indígenas y, según los funcionarios, ha sido la principal punta de lanza para el desmantelamiento de la institución.
LULA Y LO QUE FUNCIONÓ
En lo que a cuestión ambiental se refiere, el plan de gobierno de Lula tiene como algunos de sus principales objetivos reducir la deforestación, combatir la minería ilegal e impedir el robo de tierras en la Amazonia. Según establece el documento, «es imperativo defender esa región de la política de devastación puesta en práctica por el actual gobierno». También se lee: «Combatiremos el crimen ambiental promovido por milicias, usurpadores de tierras, madereros y cualquier organización económica que actúe fuera de la ley. Nuestro compromiso es con el combate implacable a la deforestación ilegal». Otro de los aspectos propuestos por Lula es la creación de un Ministerio de los Pueblos Originarios, que sería comandado por una persona indígena. Pero, además, según el candidato, «todos los ministerios tendrán obligaciones con respecto a la cuestión climática».
Uno de los nombres fuertes en la campaña de Lula con respecto a estos temas es el de Marina Silva, la exministra de Ambiente de sus primeros años de gobierno, entre 2003 y 2008. La vuelta de Silva al entorno de Lula es altamente simbólica: miembro destacado y dirigente del PT desde 1985, había salido del gobierno en 2008 –y, más tarde, del partido– a causa de insalvables disputas entre su cartera y los planes de desarrollo del gobierno. La tensa relación política tras su salida tuvo su punto más álgido durante la campaña de 2014, en la que Dilma Rousseff y Marina Silva disputaron la primera vuelta de la presidencia, y Silva fue víctima de una agresiva campaña petista en su contra.
La hoy líder del partido Rede afirma volver sin rencores a una alianza con el PT. Esta semana, en una entrevista publicada por Sumaúma, recordó: «Existe una forma [de protección de la Amazonia] que venía funcionando y que había conseguido reducir la deforestación en un 83 por ciento entre 2004 y 2012, y fue responsable del 80 por ciento de las áreas protegidas creadas en el mundo entre 2003 y 2008, mientras Bolsonaro ya es responsable por un tercio de las selvas vírgenes destruidas en el planeta». Y agregó: «Nadie mejor que Lula para hacer ese rescate, porque esa protección ocurrió bajo su gobierno». La exministra presentó recientemente un documento con un conjunto de propuestas para ser incorporadas al plan de un eventual gobierno de Lula, que incluye la recomposición institucional, presupuestal y de los cuadros técnicos del Ministerio de Ambiente y los demás organismos de control ambiental.
SALIR DEL PAPEL
Un eventual gobierno del PT y sus aliados no la tendrá fácil en ningún sentido, y la reconstrucción de la política ambiental en el país no será la excepción. «Tenemos un escenario difícil, especialmente por cómo quedó conformado el Congreso. Sea cual sea el resultado del domingo, la disputa parlamentaria va a ser un frente fundamental y decisivo para la cuestión ambiental», apunta Vecchione, y matiza: «Claro que la actuación del Ejecutivo, el mensaje que dé y cómo organice el presupuesto público influenciarán mucho las políticas ambientales, y, en ese sentido, un gobierno de Lula puede generar transformaciones».
Iborra expresa: «No habrá un cambio de un día para el otro, pero las perspectivas son de que vuelva a aumentar el control estatal. Hay muchos proyectos económicos en curso en la Amazonia que van a continuar en caso de una victoria de Lula, pero esperamos que al menos haya más compensaciones ambientales, que se trate esta cuestión con mucho más cuidado y que se apunte a una distribución de las riquezas». El integrante de la Comisión Pastoral de la Tierra agrega: «Lula defendía un proyecto desarrollista, es un obrero de la ciudad, y no tiene una mentalidad y preocupación personal ambientalista y ecológica. Pero ahora es momento de estar todos juntos en defensa de la democracia, y en contra de lo peor».
La coordinadora del Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero del INPE cree que una victoria de Lula puede ser muy importante para detener el proceso de degradación ambiental del país, y confía en la experiencia de sus gobiernos. «El PT ya tiene experiencia en el combate a la deforestación, es responsable por la mayor reducción que conocemos en ese frente y sabe cómo hacerlo. Ha tenido tiempo para aprender y trabajar con estas cuestiones», sostiene Gatti.
Para Vecchione, Lula tendrá algunos desafíos. En primer lugar, atacar uno de los puntos más resaltados por el discurso de Bolsonaro: que su gobierno fue el que más distribuyó tierras y que eso les da seguridad a los productores rurales. La académica destaca que esta política adoptada por el Ejecutivo «saca la política de tierras colectivas de la esfera de la reforma agraria para dar lugar a un proceso de individualización de la propiedad de las tierras, que muchas veces legaliza procesos de ocupación que eran ilegales, hechos mediante desmonte o degradación, convirtiendo un pasivo ambiental en un activo legal». Para ella, esto envía un mensaje «de que vale la pena invadir, de que los empresarios pueden apropiarse de lo que quieran porque eso luego será regularizado».
Por otro lado, la profesora del Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de la Universidad Federal de Pará se refiere «[a]l gran aumento de la violencia en la región y la relación de esa violencia con actividades criminales ambientales y relacionadas con el tráfico de drogas, que el asesinato de Bruno y Dom ilustra claramente». Y lo que le preocupa de un nuevo gobierno de Bolsonaro también le preocupa de un nuevo gobierno de Lula: «Los criminales se han empoderado mucho durante este tiempo, con los mensajes enviados por el gobierno y por las políticas públicas construidas y destruidas durante estos cuatro años. Más preocupante que el propio Bolsonaro son sus seguidores, que son muy violentos, especialmente en el interior de la Amazonia».
