La sentencia de un juez de lo Contencioso Administrativo divulgada por El País tiene la virtud de responder, por la vía de los hechos, a la pretensión de la Presidencia –en la firma del presidente en funciones Raúl Sendic, pero con el aval de todo el Consejo de Ministros– de imponer la “lealtad” de los funcionarios del Estado con una mordaza, para cubrir con un manto de secreto cualquier decisión o trámite oficial.
El doctor Gabriel Ohanian acaba de condenar a la Administración de los Servicios del Estado (Asse) a pagar 1.200.000 pesos a una asistente social que denunció en la prensa, en mayo de 2011, las deficiencias en los servicios del Instituto Nacional del Cáncer (Inca). La funcionaria recibió 30 días de sanción y retención total de haberes por la directora del Inca porque “había hech...
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