El 6 de junio de este año el Ministerio de Ambiente (MA) aprobó la construcción del data center de Google (Eleanor Applications SRL) en la zona franca Parque de las Ciencias, en Canelones. Aunque en su informe la cartera sostiene que la población fue informada «en tiempo real», la aprobación fue comunicada un mes y medio después, imposibilitando acciones legales de amparo, que tienen como plazo 30 días.
La versión original del Proyecto Teros –así se llama– fue modificada en 2023 tras la polémica pública que surgió luego de que el MA declarara secreta la información sobre la cantidad de agua que insumiría el mecanismo de enfriamiento del data center. Luego de una intimación judicial, el organismo admitió que Google pretendía utilizar 7,6 millones de litros de agua potable, que sería evaporada para refrigerar los procesadores del sistema (véase «Una nube se hace con agua», Brecha, 24-III-23). En medio de la crisis hídrica extrema –cuando por las canillas del área metropolitana salía agua salada–, la multinacional modificó la idea inicial y redujo a un tercio el proyecto, cambiando el uso de agua por un sistema de refrigeración con aire, ahora intensivo en consumo de energía eléctrica.
La polémica continuó este año cuando Amnistía Internacional, el MOVUS (Movimiento por un Uruguay Sustentable) y un conjunto de artistas uruguayos convocaron a enviar comentarios a la puesta de manifiesto del proyecto que exigieran más estudios de la empresa antes de la evaluación final. Finalmente, aunque la ciudadanía envió 421 formularios pidiendo más estudios, el MA aprobó la construcción haciendo caso omiso a las demandas.
A continuación, intentaré exponer una serie de problemas técnicos y éticos que, entiendo, están asociados a la decisión final del ministerio.
1. El MA no responde a la solicitud ciudadana de informar sobre el régimen de exoneración de impuestos aplicable al proyecto –por estar en zona franca–, alegando que no le corresponde expedirse sobre esa temática. Esto constituye una falta a los cometidos del propio MA, un organismo que evalúa los impactos ambientales y sociales de los emprendimientos; no así el Ministerio de Economía y Finanzas. El gasto tributario o la subvención que el Estado concede a las empresas por estar en zonas francas tiene que ver con un impacto social y económico que debe ser evaluado para una comprensión y evaluación total del proyecto y sus consecuencias en nuestro país. La no recaudación de impuestos tiene consecuencias sociales, asociadas a la falta de recursos públicos para políticas sociales –por ejemplo– o la sobrecarga impositiva en otros actores, como los trabajadores y los consumidores.
La ciudadanía exigió que fuera la propia empresa la que incluyera esto en su estudio, lo cual fue negado por el MA. Se oculta así información sensible sobre el costo que tiene para todos los uruguayos exonerar de impuestos a un emprendimiento de tal envergadura. Técnicamente, resulta tendencioso que se incluya en los estudios de impacto ambiental los puestos de trabajo que crean los proyectos (y el supuesto derrame en comercios de la zona) y no el gasto tributario que implican. Este problema se repite con cada nuevo emprendimiento amparado en las zonas francas. La injusticia tributaria se profundiza con el silencio burocratizado del MA al respecto, que no se hace cargo de la evaluación de dicho impacto social.
2. En cuanto a la trazabilidad de los minerales (coltán y cobalto) con los que se producen los procesadores que usará Google y su posible vínculo con casos de esclavitud, trabajo infantil, desplazamiento forzoso de comunidades y contaminación severa (denunciadas por Amnistía Internacional e International Rights Advocates), el MA responde en su informe final que «la actividad se encuentra fuera del área de influencia de este proyecto» (pág. 23). Esto es una falta ética importante que amenaza la protección de los derechos humanos a nivel internacional, ya que como Estado podemos estar siendo cómplices de cadenas productivas altamente contaminantes, que incluyen trabajo esclavo, infantil y usurpación de tierras. Aunque la normativa nacional no exige transparencia en las cadenas productivas internacionales, resulta poco serio por parte del MA no solicitar estudios que demuestren la desvinculación de la empresa de los proveedores que acumulan denuncias de violación de derechos humanos. Cabe preguntarse: ¿se respondería con el mismo criterio si hubiese denuncias de lavado de activos o vinculación con el narcotráfico? ¿Estamos de acuerdo como ciudadanos en privilegiar –con la exoneración de impuestos de la zona franca– a una empresa que porta estas acusaciones?
3. El MA desprecia la importancia que tendrá la emisión de 25 mil toneladas anuales de CO2 al aire para cumplir con la demanda de energía del data center y alega que este nivel de contaminación es poco significativo y que ya fue incluido en los acuerdos internacionales como línea de base. En primer lugar, estas emisiones empeoran la grave situación de calentamiento global, y se confirma que los data centers son responsables importantes de dichas emisiones, tal como viene siendo señalado internacionalmente. En segundo lugar, estas emisiones significan un aumento del 2,7 por ciento de las emisiones por producción de energía eléctrica de nuestro país, lo cual es un valor significativo. Estas emisiones surgen del estimativo de 5 a 9 por ciento anuales de energía eléctrica producida por medio de la quema de combustibles fósiles en centrales térmicas debido a las fluctuaciones de las energías renovables. Para hacerse una idea, estas emisiones equivalen a sumar 16 mil autos a nafta haciendo 10 mil quilómetros por año con un consumo de 15 km/l. En tercer lugar, es completamente irregular que el gobierno asuma este proyecto como parte de la línea de base de emisiones en acuerdos internacionales, antes de que estuviera evaluado y aprobado.
4. El MA brinda el dato exacto de que el data center generará al menos 86 toneladas de residuos tóxicos por año, pero desprecia las consecuencias de depositarlas en nuestro territorio, puesto que existen empresas que pueden hacerse cargo de manera «reglamentaria» o, de lo contrario, se puede exportar los residuos a países que lo hagan. Despreciar la acumulación de chatarra tecnológica y los residuos tóxicos que quedarán en nuestro país como pasivo ambiental parece un criterio técnico poco ajustado a la creciente crisis ambiental que vivimos y los discursos oficiales referentes al cuidado de los ecosistemas («Uruguay Natural», etcétera). Por el contrario, abre las puertas a toneladas de basura tóxica que el organismo califica como «poco significativas», sin siquiera plantearse un plan de reducción ni de reciclaje.
5. La cartera aprueba el proyecto aun cuando hay problemas técnicos en la evaluación del impacto en el ruido y en las emisiones de NO2 en el aire, lo cual afectará la salud de la población de Colonia Nicolich. Tampoco tiene un plan de gestión de los residuos en caso de abandono. El ministerio alega que estos puntos serán entregados en la solicitud de autorización ambiental operativa. Esto incumple el «principio precautorio» y, al igual que con otros megaemprendimientos –como UPM 2–, va generando autorizaciones incompletas con falta de rigurosidad, y constituye una presión a los técnicos para aprobar las etapas siguientes.
6. Se confirma que el emprendimiento solo brindará 50 puestos de trabajo permanentes en áreas de mantenimiento, es decir, un número completamente insignificante para la población.
En síntesis, el informe final del MA confirma que el data center de Google aumentará nuestras emisiones de CO2 en 25 mil toneladas y generará 86 toneladas de basura tóxica anuales, no pagará impuestos y solo creará 50 puestos de trabajo. Además, el documento no despeja las dudas sobre si en la cadena de proveedores existe trabajo esclavo, infantil, desplazamiento forzoso de tierras o contaminación severa. Tampoco hay certezas sobre el impacto en cuanto al ruido y a los materiales nocivos en el aire. Por si fuera poco, el organismo resolvió aprobar su construcción sin informar a la población en tiempo y forma.
Queda abierta la pregunta por el aporte de este tipo de emprendimientos a nuestro bienestar como habitantes de este territorio, en particular cuando el argumento oficial no es el empleo que creará ni el desarrollo de los servicios de internet, sino que «mejora el clima de negocios» y «atrae inversiones». ¿De qué negocios hablamos? ¿Todas las inversiones llegarán con los mismos privilegios y consecuencias?
¿Es negocio para los uruguayos la zona franca, la inexistencia de nuevos empleos, la basura tóxica, las emisiones dañinas en el aire, las emisiones de CO2 y la posible complicidad con cadenas productivas que violan los derechos humanos?
El data center de Google se nos presenta como un nuevo caso en el que la institucionalidad ambiental de nuestro país se atiene a las normas cuando favorecen a las grandes firmas, esquiva los cuestionamientos profundos que la ciudadanía le hace llegar a través de mecanismos no vinculantes y opera como «pantalla verde» de los megaemprendimientos extractivistas de ayer y hoy.
«Somos tus ojos», según afirma el MA en su propio sitio web. En este caso, parece que lo han encandilado los lentes de realidad virtual y la miopía del «clima de negocios».
* Daniel Pena es investigador y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
