Según resolvió la justicia civil de sexto turno de Maldonado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) podrá continuar con el proceso para que la Justicia reconozca la propiedad fiscal de esa zona de playa, donde algunos particulares pretenden construir el complejo residencial La Orilla, tras un acuerdo extrajudicial con la Intendencia de Maldonado (IDM). La decisión judicial fue asumida con júbilo en el MEF, que lleva años oponiéndose a los planes del intendente blanco, Enrique Antía, en este y otros puntos de la costa maldonadense, pese a pertenecer al mismo signo político.
El contencioso judicial data de 2016, cuando la IDM inició un juicio declarativo de propiedad en contra de los intereses de tres empresas panameñas (Kalin Assets, Arwen Systems y Lenore) que pretendían adquirir los predios a la familia Sagredo, presunta propietaria de las tierras ubicadas junto a una de las pocas dunas vírgenes de bosque psamófilo. Sorpresivamente, un año después de iniciar el juicio, Antía y su equipo legal cambiaron de postura y acordaron con los empresarios desistir del juicio a cambio de que estos les cedieran padrones al norte de la ruta 10, con el objetivo de regularizar ocupaciones ilegales en el balneario Buenos Aires. Este acuerdo fue avalado en 2018 por los ediles blancos y colorados de la junta departamental, en un debate que el opositor Frente Amplio consideró «viciado», por falta de información en la comisión legislativa que elaboró los informes finales sobre el caso. (Véase «Tanto remar», Brecha, 17-IX-21.)
Si bien la Justicia aceptó finalmente el desistimiento de la IDM a continuar con el juicio –lo cual implica ceder las tierras a privados y desistir de cualquier intento futuro a reclamarlas–, también aceptó los recursos planteados por el MEF para que se le permita continuar con el proceso hasta que la Justicia defina si se trata de territorios fiscales o no. «La IDM quedó afuera del proceso y ahora queda el MEF contra los particulares. El ministerio y la presidencia están alineados en cuanto a que se tiene que expedir la Justicia», afirmó al semanario una fuente del área jurídica de la cartera.
«NADA DICHO»
No obstante, el abogado Mauricio Fioroni, patrocinante de las empresas panameñas, desmintió esas afirmaciones y sostuvo que la Justicia recién está evaluando si el MEF puede ejercer esa tercería en representación del interés público. «La IDM desistió de la pretensión del juicio y la jueza la tuvo por correctamente desistida. Al desistir, la tierra no puede llegar a ser declarada propiedad de la IDM. Por otro lado, la Justicia hizo lugar a lo que pidió el MEF respecto a que el proceso no se clausure, pero es incierto lo que acontecerá. El proceso quedó en una situación muy extraña y es probable que un tribunal de alzada defina cómo continuará. Un tribunal de apelaciones tendría que darle forma», comentó Fioroni al semanario. Además, el abogado dijo que la transacción entre los particulares y la intendencia avanza, pese a lo que podría considerarse un revés para los intereses de ambas partes. «La transacción no fue atacada: sigue su curso normal. La IDM ya recibió parte de los padrones (al norte de la ruta 10) y los seguirá recibiendo», enfatizó.
En la zona, una de las de mayor crecimiento demográfico de la última década, decenas de vecinos se movilizan desde setiembre, con apoyo legal y académico, para impedir que se concreten unas 50 demandas de desalojo entabladas por una de las empresas reclamantes, Lenore SA. (Véanse «Costas y costos», Brecha, 11-XI-21, y «Aires de resistencia», 3-XII-21.)
